En respuesta a la confirmación de que la Corte Suprema dejó firme este lunes la condena por corrupción sobre su persona, Cristina Kirchner se dirigió a la militancia que fue a respaldarla a la puerta del edificio del Partido Justicialista (PJ), en el barrio porteño de Balvanera. En su discurso, la expresidenta criticó con dureza a los jueces del máximo tribunal, a quienes tildó de «monigotes» que responden a un poder mayor que busca restringir el «voto popular», en referencia a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recae sobre la dirigente tras el pronunciamiento de la justicia.
El periodista Juan di Natale preguntó en «Comunistas» por ese poder superior mencionado por CFK. «¿Para quién trabaja la Corte Suprema?», planteó, y en la mesa se disparó un debate en torno de la legitimidad de la sentencia contra la exmandataria. Los integrantes del programa denunciaron la existencia de una operación coordinada del sistema judicial. “La Corte Suprema trabaja para el poder mismo, no para la gente”, respondió el abogado penalista José Luis Ferrari, marcando el tono de la discusión.
Ferrari apuntó contra la estructura judicial y criticó el uso «selectivo» de los tiempos procesales, según opinó. “Nunca suelen tratar tan rápido un recurso», observó. De acuerdo a su postura, el fallo contra la expresidenta avanzó tras la asunción presidencial de Javier Milei.
El filósofo y periodista Julián Fava fue más allá: “Si este modelo avanza, Argentina se encamina a un desmembramiento”, aseguró. El analista vinculó la condena judicial con un plan geopolítico de entrega territorial. “Se busca debilitar a la figura que todavía puede unir al peronismo. Proscribirla en este contexto es empujar al país a los umbrales de una nueva colonia”, afirmó. También remarcó la pérdida de legitimidad institucional: “Cada vez vota menos gente, la democracia se vacía”, apuntó.
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El periodista Raúl Timerman, en cambio, desligó a la Corte de intereses externos. “No trabajan para otros, sino que negocian su propio poder”, expresó. Ferrari insistió en el concepto de lawfare, anglicismo que refiere al uso de los sistemas jurídicos como herramienta política para lograr objetivos políticos, generalmente con fines de persecución, desacreditación o desestabilización.
Entre denuncias de parcialidad, pérdida de garantías y maniobras del poder Judicial, la Corte jugó a nivel político, excediendo sus atribuciones, según se evaluó en la mesa.
LB / FPT