La jueza de Nueva York Loretta Preska definirá este lunes si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos. La decisión es crucial, ya que determina si los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, podrán ejecutar la sentencia mientras Argentina apela.
El oficialismo se muestra confiado y Milei vaticina: “En octubre las urnas hablarán”
La magistrada aclaró que no definirá si cancela o revierte la orden original de entrega de acciones emitida el 30 de junio, sino únicamente si suspende su ejecución mientras el país tramita su apelación. Si Preska concede la suspensión, los demandantes no podrán ejecutar la sentencia mientras el proceso de apelación esté en curso.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
El jueves por la mañana, el Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, según informó Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en Nueva York. En la presentación, la Argentina adelantó que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.
La orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional, según sostiene la defensa argentina como argumento principal.
El país también considera que el traspaso accionario tendrá efectos irreversibles, después de que los demandantes manifestaran la intención de vender esos títulos una vez que los reciban. Esto impediría retroceder la situación incluso si Argentina ganara la apelación.
Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del Gobierno de Donald Trump. La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
BGD/ML