El Gobierno nacional avaló el proyecto de la australiana Galan Lithium por US$217 millones en Catamarca, mientras rechazó la solicitud de Ganfeng de China, que ya tenía su planta avanzada en Salta.
“Galan” conquista nuestros bienes
El Gobierno argentino aprobó la incorporación del proyecto Hombre Muerto West (HMW) de la empresa Galan Lithium al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) por una inversión de 217 millones de dólares en la provincia de Catamarca. Al mismo tiempo, desestimó la solicitud presentada por la compañía china Ganfeng Lithium, que buscaba incorporar al régimen la ampliación de su proyecto Mariana, ya en marcha en Salta.
Con esta decisión, el proyecto HMW se convierte en la sexta inversión minera admitida bajo el RIGI, que ya acumula compromisos por más de US$12.800 millones en diversos sectores productivos.
El proyecto de Galan Lithium en el Salar del Hombre Muerto prevé una capacidad de producción de hasta 20.850 toneladas anuales de carbonato de litio a partir del año 2027. La compañía ya había comenzado las tareas de exploración y una planta piloto, y ahora podrá avanzar con la ampliación bajo los beneficios del régimen, que incluyen exenciones fiscales y aduaneras.
Se estima que el emprendimiento permitirá generar exportaciones por más de US$180 millones anuales a partir de 2029, consolidando a Catamarca como una de las provincias clave en la cadena del litio en el país.
Ganfeng queda afuera del régimen
Por otro lado, el Ministerio de Economía rechazó la solicitud presentada por la china Ganfeng Lithium, uno de los mayores productores de litio del mundo, para incorporar su proyecto Mariana al RIGI.
La razón es que la empresa ya había iniciado la construcción de la planta en 2022 y su inauguración se produjo recientemente, lo que invalida el cumplimiento de los requisitos de inversión futura que exige el régimen. Según el Gobierno, el RIGI apunta a estimular nuevas inversiones, no a subsidiar obras en marcha. Se trata del primer rechazo oficial a una empresa minera bajo este nuevo esquema legal.
La decisión del Gobierno se da en un contexto de creciente competencia por el litio y señales de reorientación de la estrategia energética nacional. Además, llega pocos días después de las advertencias del futuro embajador estadounidense, Peter Lamelas, sobre los vínculos de empresas chinas con regímenes “autoritarios”, y su incidencia en recursos estratégicos como el litio.
Mientras Galan Lithium avanza con el respaldo del Ejecutivo, la exclusión de Ganfeng podría tensar aún más las relaciones económicas con China, que es actualmente uno de los principales socios comerciales de Argentina en el sector minero.
Un régimen de saqueo y entrega
El RIGI fue incorporado por el Gobierno de Javier Milei dentro de la Ley Bases. Mientras que el Ejecutivo defiende el régimen como una herramienta para atraer grandes capitales y dinamizar sectores estratégicos, organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas advierten sobre la falta de control estatal, el riesgo de saqueo de recursos y el impacto ambiental.
Lejos de promover un desarrollo sustentable o con control democrático, el RIGI se presenta como una puerta abierta al extractivismo sin restricciones. Las empresas que ingresan al régimen gozan de beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros por 30 años, sin contraprestaciones claras en términos de protección ambiental ni respeto a los pueblos originarios ni a las comunidades locales. El litio, un recurso estratégico en la transición energética global, se extrae mayoritariamente mediante métodos de evaporación en salares que consumen enormes volúmenes de agua, afectando ecosistemas frágiles y el acceso al agua de las poblaciones.
El RIGI no solo entrega bienes comunes a grandes corporaciones, también renuncia a herramientas clave de soberanía económica. Las empresas tienen garantizado un régimen de estabilidad normativa y tributaria por tres décadas, lo que impide que futuros gobiernos puedan cambiar las reglas, gravar exportaciones, exigir contenido nacional o imponer regulaciones ambientales más estrictas. Esta estructura impuesta desde el gobierno de Milei implica una verdadera “constitución paralela” para el gran capital, y representa un retroceso histórico en la capacidad del Estado argentino de planificar, regular y decidir sobre su modelo productivo.
Mientras las automotrices y tecnológicas del norte global aceleran su transición energética, el litio argentino se entrega en condiciones que reproducen un nuevo colonialismo verde. El país asume los pasivos ambientales, la presión sobre sus ecosistemas y poblaciones, y a cambio recibe salarios bajos, fuga de divisas y mínima industrialización local. En lugar de una estrategia nacional que impulse la producción pública o mixta del litio, agregando valor e incluyendo a las universidades y la ciencia nacional, se consolida un modelo de enclave exportador que profundiza la dependencia y la desigualdad territorial.