Este miércoles a las 9:30 venció el plazo que había estipulado la Justicia para que los nueve condenados en la causa “Vialidad” depositen los 648.000 millones de pesos (530 millones de dólares) en concepto de reparación, pero hasta el momento ninguno realizó giros a la cuenta judicial que se abrió en el Banco Nación.
Ahora, el juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y quien tiene a cargo la ejecución de la sentencia está en condiciones de iniciar el proceso de ejecución patrimonial, que podría incluir el remate de los bienes de los imputados.
Ayer, al filo del plazo establecido por la justicia, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi presentó un escrito en el que pidió que se suspenda la ejecución prevista para hoy y apeló el monto de la actualización.
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Cristina Kirchner se niega a pagar el decomiso en la causa Vialidad: este miércoles llega el fin del plazo
Al monto de 684.000 millones se llegó por el cálculo de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que utilizaron el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y lo actualizaron con base en los 85 mil millones de pesos que había fijado el Tribunal Oral Federal 2 en su veredicto de diciembre de 2022.
El perito de parte que presentó la defensa de Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que el decomiso debía ser un 6 por ciento de los 684.000 millones, es decir de 42 mil millones de pesos. Para llegar a ese número, aplicó la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al monto que estableció la justicia al momento de los hechos. Pero el TOF 2 no hizo lugar a su planteo.
Además de la expresidenta, deben aportar en forma “solidaria” el resto de los condenados en la causa “Vialidad”: Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas, José López; los extitulares de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, Mauricio Collareda y Raúl Daruich; y los extitulares de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe y Raúl Pavesi y José Santibáñez.
El aporte “solidario” implica que el monto no se divide en partes iguales entre los condenados, sino que deben ponerse de acuerdo entre ellos sobre el valor que devolverá cada uno de ellos para reparar el daño causado.
La presentación de Cristina Fernández de Kirchner
Este martes, al filo del vencimiento judicial, los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron que se suspenda la ejecución prevista para hoy y apelaron la redeterminación de la cifra realizada por el Tribunal. Además, reclamaron que el caso lo trate el fuero civil y comercial.
La expresidenta sostiene que no tiene bienes que sean “instrumentos, producto o provecho del delito” y que toda su evolución patrimonial y la de su familia fue declarada legítima en causas anteriores. Por ese motivo, para la defensa, el decomiso de los bienes implicaría “violar la cosa juzgada y el principio de legalidad”. “Es un disparate jurídico”, indicaron los abogados de Cristina Fernández de Kirchner.
Beraldi y Llernovoy consideraron que el Tribunal “confunde” la figura de un decomiso con una reparación civil. Y pidieron también que se convoque a Florencia y Máximo Kirchner “legítimos propietarios por herencia” al proceso para que puedan ejercer su defensa.
“No tengo bienes producto del delito”, sostuvo la expresidenta en la presentación ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal N°2, que la condenaron.
La exmandataria también se presentó ante la Cámara de Casación, en la que recurrió el monto del decomiso y dijo que no se puede ejecutar porque el cálculo no es producto de una sentencia firme.
Definiciones
El Tribunal Oral Federal 2 debe responder si suspende el trámite y la Cámara de Casación debe tramitar el recurso de apelación contra el monto del decomiso.
La exmandataria podría llegar hasta la Corte Suprema por este tema. En esa línea, argumentó que el cálculo del TOF puede tener un “carácter confiscatorio” prohibido por la Constitución Nacional.
BK/fl