La justicia federal de Rosario citó a indagatoria a María Laura Garrigós, responsable del Servicio Penitenciario Federal durante el gobierno de Alberto Fernández, y a otros exfuncionarios, por no impedir las comunicaciones no autorizadas de cabecillas narcos. Desde las cárceles federales, “condenados o imputados de graves delitos de criminalidad compleja”, lograron planificar y realizar “maniobras destinadas a mantener extra muros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban”.
El llamado a indagatoria para el 25 de agosto se concretó tras el pedido de los integrantes de la Unidad Fiscal Rosario; Claudio Kishimoto y Matías Scilabra, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y su fiscal coadyuvante, Martín Uriona y María Garmendia Ortega, integrante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Será la jueza federal de Rosario, Vera Barros, la responsable de tomarle declaración indagatoria a la también exjueza María Laura Garrigós, Sonia Mariela Álvarez, también a Diego Alberto García y a Guillermo Eduardo Migueles, durante el 25 y 27 de agosto.
Los motivos que sustentan en el pedido de los integrantes del Ministerio Público Fiscal retoman un reclamo reiterado sobre todo por la PROCUNAR: la libertad de acción que tuvieron los principales cabecillas de organizaciones narcotraficantes, para continuar cometiendo delitos desde el interior de las cárceles federales.
En el dictamen, al que accedió Clarín, se señaló que “ya sea mediante el uso de dispositivos de telefonía celular u otros medios de comunicación ingresados en violación a la normativa penitenciaria”, condenados o imputados de “graves delitos de criminalidad compleja”, lograron planificar y realizar “maniobras destinadas a mantener extra muros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban”.
La acusación contra la ex responsable del Servicio Penitenciario Federal sostiene que en su rol de interventora de las cárceles federales y su posterior status cuando concluyó la intervención, “omitió poner en marcha un plan de acción para ejecutar lo dispuesto por el artículo 160 de la ley 24.660”, que establece la necesidad de que se “lleven adelante las acciones conducentes para la adquisición e instalación dentro del ámbito de los establecimientos penitenciarios de inhibidores de señal que impidan la realización de comunicaciones de telefonía móvil por parte de los internos”.
El devenir de las acusaciones
La causa comenzó el 25 de marzo de 2022, cuando se conoció que personal del SPF puso en conocimiento del Tribunal Oral Federal de Rosario que Ariel Cantero -jefe de Los Mones- contaba con “un aparato de telefonía celular, que se encontraba oculto dentro de un televisor que aquel tenía en su lugar de alojamiento”.
El TOF 3 de Rosario que tiene a su cargo el legajo de ejecución de pena del condenado.
La fiscalía afirmó que con ese celular Cantero habría cometido delitos como el tráfico de sustancias estupefacientes y delitos conexos desde su lugar de alojamiento en el Penal de Marcos Paz, “cuestión sobre la cual se registran numerosos antecedentes”.
Falta de controles
La PROCUNAR que dirige Diego Iglesias presentó durante el gobierno de Alberto Fernández dos informes detallando exhaustivamente el accionar de diversos líderes narcos condenados y detenidos, muchos con procesos penales en curso, cometiendo diversos delitos desde las sedes carcelarias donde se encuentran alojados.
La segunda línea investigativa está referida a la “posible complicidad estructural de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal que permitieron que Cantero cuente con dispositivos expresamente prohibidos”, señala el pedido de indagatoria.
Los integrantes del MPF consideraron que que no estaría limitada a la “mera facilitación de los medios para el ingreso de los aparatos de telefonía utilizados por Cantero, sino que incluye además, dada la notoriedad que ha adquirido el nombrado a lo largo de los años y por los antecedentes que registra, la posibilidad implícita del acuerdo para la realización de las actividades criminales posteriores, que son llevadas a cabo desde su lugar de detención”.
Por estos hechos es que se dio intervención a la PIA, ya que fue creada para “actuar en los sumarios internos de los organismos o entes que componen la administración pública nacional”.
La PROCUNAR informó el 30 de junio de 2023 que en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza pudo constatar que “no se estaba dando adecuado cumplimiento a las distintas medidas de seguridad que habían sido dispuestas” con relación a otro líder narco, Esteban Lindor Alvarado. Esas medidas incluían, entre otras cosas, el “impedimento de contacto con otros internos procesados o condenados por delitos vinculados al narcotráfico o crimen organizado, el estricto cumplimiento de la prohibición de comunicaciones móviles y la instalación de inhibidores de señal en el pabellón o módulo del penal donde se encuentre alojado, todo lo cual fue asentado en un acta”.
Esas mismas medidas habían sido solicitadas por los fiscales para Cantero, al igual que con relación a muchos otros internos considerados de “alto perfil” (Aldana Funes, Julio Rodríguez Granthon). Los integrantes del MPF señalaron que esas restricciones y controles se solicitaron en base a “vastos antecedentes delictivos que registran y que, pese a encontrarse privados de su libertad, se ha detectado que pudieron continuar coordinando distintas actividades en infracción a la ley 23.737 y delitos conexos desde sus lugares de alojamiento”.
Pese a la gravedad del cuadro detallado por los fiscales, en agosto de 2023 resolvieron ampliar el objeto procesal al incumplimiento por parte del Servicio Penitenciario Federal de lo establecido en la Ley 24.660 “con relación al deficitario control de ingreso de elementos de telefonía celular a los establecimientos penitenciarios, como así al respecto de la colocación de inhibidores de señal, de conformidad con lo ordenado por los órganos jurisdiccionales respecto de todos los complejos penitenciarios que se encuentran bajo su órbita”.
La falta de control no alcanza sólo al penal de Marcos Paz, sino que los fiscales entienden que el incumplimiento de las autoridades penitenciarias debía investigarse “no ya como un suceso puntual en el marco de una unidad penitenciaria en particular, sino como una problemática estructural que afecta al Servicio Penitenciario Federal en su conjunto”.