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Luis Tula, el acusado en el caso María Soledad al que torturaron y ofrecieron 2 millones de dólares para asumir la culpa

La fecha, incapaz de impedir que su mente retroceda al fatídico 8 de septiembre de 1990, y la certeza de que la última vez que habló del tema fue en aquel llamado de un periodista en el aniversario de 2020, dejaron en evidencia su recuerdo del caso María Soledad Morales. Al producirse, el implicado en la causa que conmocionó Catamarca, Luis Tula, dijo: “Mirá, amigo, ya fue. A mí me han violado todos mis derechos. Esto era político. De Menem para destruir a sus adversarios. Que los políticos se vayan a hinchar los huevos a otro lado. Yo no tengo nada que ver”, y cortó la comunicación.

Apenas 29 años tenía «El Flaco» cuando se vio directamente envuelto en la compleja historia de la desaparición de la adolescente. De familia humilde, trabajaba como obrero y era hijo de un sereno de Obras Sanitarias, aunque, según la periodista Fanny Mandelbaum, que siguió de cerca el caso, “quería cambiar de categoría social”.

María Soledad Morales, una estudiante de 17 años de una familia trabajadora de clase media, era una joven que gustaba de escribir poemas y tenía planes de estudiar para ser maestra jardinera para ayudar con los gastos de la casa

La víctima estaba profundamente enamorada de Tula, y sus poemas reflejaban sus sentimientos hacia él. A partir del testimonio de una de sus amigas, «era su amor imposible» y que «lloraba cuando hablaba de él»

Lo que parecía un romance entre una joven de 17 años y un hombre adulto ocultaba desigualdad, manipulación y secretos que terminarían definiendo sus destinos. Al mismo tiempo, Tula imponía una presencia que generaba respeto y lograba cautivar a quienes lo rodeaban, aunque, Ricardo Canaletti lo describía también como un “bueno para nada”.

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Así lo definieron muchos: «muy fachero, pero un bueno para nada», que supo sacar ventaja de su atractivo e influencia para aprovecharse de chicas más jóvenes, como fue el caso de María Soledad, descrita por testigos como una “nena incauta” e “inocente” en el contexto de su relación. Dada la notable diferencia de edad y el hecho de que Tula era un hombre casado que ocultaba su estado civil, se estableció una clara dinámica de poder asimétrica.

Desconociendo la verdadera situación, la adolescente le escribía poemas y lo veía como su primer amor, sin percibir las dinámicas de poder que marcaban la relación. La realidad era distinta. Ruth Salazar, hija del rector universitario y legítima esposa del imputado, conocía la relación extramatrimonial y llegó a confrontarla.

Paradójicamente, el vínculo entre ambos, completamente despojado de cualquier rasgo de romanticismo, se convirtió en un claro abuso de poder y antecedente directo de la violencia que se produjo esa noche de septiembre.

Declaraciones, encubrimiento y la percepción de la víctima

El diputado Ángel Luque, padre de uno de los implicados, pronunció una de las frases más polémicas del caso: “¿Usted cree que si mi hijo hubiera sido el autor [del crimen], el cadáver nunca hubiese aparecido?”

Antes de convertirse en un crimen, el caso de María Soledad comenzó como la desaparición de una adolescente que, después de asistir a una fiesta en el boliche Le Feu Rouge con sus compañeras del Colegio Del Carmen y San José, no regresó a su casa esa noche. La familia dio aviso a las autoridades cuando, el lunes siguiente, confirmaron que ninguna de sus amigas la vio en el colegio después del baile, cuyo objetivo era recaudar fondos para el viaje de egresados.

La invitación de María Soledad a Tula para que pasara a buscarla fue aceptada, aunque después intentó desligarse al afirmar que se había negado porque ella olía a pescado’, minimizando su responsabilidad y presentándose como alguien ajeno a los hechos posteriores. A bordo de su Fiat 147, la llevó a la disco Clivus, un lugar muy distinto al baile escolar al que estaba acostumbrada, con un ambiente más ruidoso y rodeada de jóvenes vinculados a familias de influencia política.

Al buscar ascender socialmente, orientaba cada movimiento hacia la validación y el acceso a círculos de poder, recurriendo a lo que entonces se llamaba de forma peyorativa la ‘entrega de una chinita’, mujeres de piel oscura y de clase trabajadora que reforzaban su posición en ese entramado. Guillermo Luque, primogénito del diputado Ángel “Gordo” Luque, con empleo en el Congreso, departamento en Avenida del Libertador, autos de lujo y estudios de Derecho en una universidad privada, recibió la “generosidad” de Tula y respondió con un grito: “a la Flaca la llevo yo, vos anda después”.

Luis Tula, un obrero descrito como “bueno para nada” y “nadie”, habría sido utilizado como chivo expiatorio para proteger a los hijos de la élite, entre ellos Guillermo Luque, hijo de un diputado​

Después de ese momento, la ya entonces víctima salió del lugarobnubilada”, según relataron los empleados, rodeada por el grupete de Luque: “Arnoldito” Saadi (primo del gobernador Ramón Saadi), Pablo y Diego Jalil (sobrinos del intendente José Jalil), Miguel Ferreyra (hijo del jefe de policía provincial, Miguel Ángel Ferreyra), Eduardo “El Gordo” Méndez y Hugo “El Hueso” Ibañez, todos descendientes de familias acaudaladas y con una notable influencia en ámbitos sociales y políticos de la provincia.

Transcurridos dos días, en Parque Daza, a siete kilómetros de la capital provincial sobre la ruta 38, operarios de Vialidad Nacional hallaron el cuerpo de María Soledad. La adolescente presentaba la mandíbula fracturada, quemaduras de cigarrillo, le faltaban las orejas, un ojo y parte del cuero cabelludo; estaba semienterrada, cubierta únicamente por el corpiño y con signos de golpes y rastros de haber sido devorada por roedores. Violada, torturada y mutilada.

El proceso judicial que llevó a la condena del «partícipe secundario»

Lo que siguió al hallazgo del cuerpo fue una cadena de manipulación y presión sobre testigos y autoridades judiciales, como la orden a un bombero de “manguerear a María Soledad antes de que le hicieran la autopsia” para borrar pruebas. A la vez, la connivencia institucional quedó expuesta: el gobernador Ramón Saadi y su entorno presionaron para que la investigación apuntara a Luis Tula y concluyera con su condena, tal como confirmó el juez David Morcos.

A esta presión se sumó Luis Abelardo Patti, un ex jefe policial acusado de participar durante la dictadura en secuestros, apremios ilegales y torturas en comisarías del conurbano bonaerense, que incluso había estado detenido por casos de tormentos en sus primeros años de servicio. La designación de este a principios de 1991, por el entonces presidente Carlos Menem, lo puso al frente de la investigación para dar respuestas claras sobre el asesinato.

El gobernador permitió al interventor de la Policía Federal, Luis Patti, “meterle la picana en los testículos” a Tula

Desde la propia declaración de Tula se conoció que Patti, con la autorización del gobernador, lo sometió a torturas físicas y psicológicas: ‘Le metieron la picana en los testículos’ y lo colgaron de un acantilado mientras le exigían ‘confesá el crimen de María Soledad’. Según su relato, más tarde, bajo la presión de 2 millones de dólares —una suma que, ajustada por inflación, equivaldría a 29,7 millones en la actualidad—, se vio obligado a asumir como único culpable de un hecho que en ese momento había sido catalogado como un «crimen pasional«.

La muerte de María Soledad no perdió su impacto a pesar de las maniobras que rodearon la investigación, y la dimensión de los ‘hijos del poder’ quedó en evidencia en la declaración de un familiar de los implicados: ‘si mi hijo hubiera sido el autor, el cadáver nunca hubiese aparecido’, y además prometió organizar una fiesta para toda la prensa si se declaraba la inocencia de su hijo. A unos años del crimen de Alicia Muñiz a manos de Carlos Monzón, que había instalado el concepto de crimen de género, la frase se volvió emblemática de la impunidad y el privilegio social que rodearon el hecho.

A partir de la parcialidad de los jueces, el primer juicio oral de 1996 fue anulado, quienes alegaron “conexiones sospechosas con los acusados”. De la indignación social surgió un nuevo juicio en 1998 con el fiscal Gustavo Taranto, que estableció finalmente que María Soledad Morales había muerto víctima de violación y consumo forzado de drogas, y condenó a Guillermo Luque a 21 años como “autor material” y a Luis Tula a 9 como “partícipe secundario”.

Desde 2001, Tula está en libertad y en los años que pasó en prisión logró recibirse de abogado. Aunque después llevó una vida discreta y alejada de los medios, en 2019 su nombre volvió a aparecer en la prensa cuando su exesposa lo denunció por violencia y amenazas, un episodio que apenas tuvo cobertura en los diarios locales El Ancasti y La Unión.

Para él, la vida retomó cierta normalidad y actualmente ejerce en su estudio jurídico sobre la avenida Gobernador Galíndez, en San Fernando del Valle de Catamarca, atendiendo diariamente casos civiles y penales, en especial vinculados a abusos sexuales y trata de personas. La paradoja persiste: un pasado judicial que lo persigue convive con una profesión que lo mantiene dentro del mismo sistema que alguna vez lo condenó.

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