El presidente Javier Milei presentará el lunes un proyecto que apuntará al superávit y a la baja de la inflación. Con el que intentará garantizar el funcionamiento del Estado, el crecimiento y el equilibrio fiscal. De aprobarse en el Congreso, sería el primero de la gestión libertaria que, hasta el momento, trabaja con ley prorrogada desde 2023.
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El presidente Javier Milei ofrecerá el lunes una cadena nacional para explicar los lineamientos del proyecto de presupuesto 2026, que marcará la hoja de ruta económica del país para el próximo año.
Aunque aún no se conocen los detalles completos, el Gobierno anticipó que las metas estarán alineadas con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, que fija un objetivo de superávit primario del 2,2 por ciento del PBI.
Con los gobernadores apuntando directamente hacia la Casa Rosada, se tratará de una presentación clave para dar letra a las carteras de Hacienda provinciales en materia de previsiones, crecimiento, inflación, gasto y financiamiento del Estado.
El proyecto será enviado al Congreso como iniciativa de ley y, según adelantó el Ejecutivo, incluirá estimaciones de crecimiento económico e inflación previstas, que surgen de los compromisos asumidos en el marco del programa de Facilidades Extendidas.
La expectativa está centrada en la posibilidad de que el presupuesto incluya señales políticas de previsibilidad para los mercados y las provincias. Cabe remarcar que luego de meses de ajustes y turbulencia electoral, el Gobierno busca consolidar la tendencia hacia el equilibrio fiscal y mostrar un esquema sostenible de financiamiento hacia el interior del país y el mundo.
PROYECCIONES ECONÓMICAS
Las proyecciones oficiales establecen un crecimiento del 4,5 por ciento del PBI en 2026, lo que representaría una recuperación luego de un período de contracción. Esta meta está acompañada por una estimación de inflación que oscilaría entre el 7 por ciento y el 12 por ciento, niveles considerablemente más bajos que los registrados en años previos. Se trata de objetivos ambiciosos que, de cumplirse, implicarían un cambio sustancial en el panorama económico.
En paralelo, se prevé una reducción de los subsidios económicos como porcentaje del PBI. Pasarían de representar el 1 por ciento a 0,8 por ciento, aunque los destinados al sector energético permanecerían en 0,6 por ciento.
El gasto en pensiones experimentaría un leve incremento, pasando del 6,7 por ciento del PBI en 2025 al 6,8 por ciento en 2026, mientras que la asistencia social se mantendría estable en torno al 3,2 por ciento. Estos ajustes reflejan un intento de preservar los programas sociales esenciales en un contexto de consolidación fiscal. La obra pública, por su parte, continuaría en el mismo nivel que en 2024, representando el 0,4 por ciento del PBI.
Estas cifras son consistentes con los compromisos asumidos por el país ante organismos internacionales, aunque el proyecto podría introducir modificaciones. El Gobierno ya dio señales en este sentido al elevar de 1,3 por ciento a 1,6 por ciento la meta de superávit primario inicial.
Modificaciones al plan de gastos vigente
En los días previos a este anuncio, el Gobierno introdujo cambios en el presupuesto vigente, reasignando partidas hacia salarios, deuda, equipamiento y funcionamiento de distintas áreas estatales. La decisión fue formalizada mediante una normativa publicada en el Boletín Oficial que sostiene: «Corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas jurisdicciones y entidades del sector público nacional, con el objetivo de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento».
REASIGNACIÓN DE
CRÉDITOS Y CARGOS
Entre los cambios dispuestos se incluyó la transferencia de créditos presupuestarios desde la Secretaría General de la Presidencia hacia el Ministerio de Justicia, así como la reasignación de cargos y recursos del Instituto Emilia y Manuel Patiño a esa misma cartera. Se incorporaron además créditos provenientes del régimen de administración de bienes recuperados de actividades ilícitas, junto con la creación del Consejo de Bienes Recuperados en favor del Estado nacional.
Se dispusieron también modificaciones en la estructura de personal, con el traslado de agentes entre distintos organismos, como el paso de un empleado del Ministerio de Seguridad al Ministerio de Justicia y otro del Instituto Nacional del Teatro al Tribunal Fiscal de la Nación.
Asimismo, se readecuaron los créditos de la jurisdicción de servicio de deuda pública, con el objetivo de asegurar el pago de compromisos financieros durante el ejercicio en curso. Este ajuste buscaría evitar demoras en el cumplimiento de obligaciones y preservar la reputación crediticia del país mientras se avanza hacia el nuevo esquema presupuestario.
EMPRESAS Y SERVICIOS
DEL ESTADO
Otra parte de las modificaciones presupuestarias alcanzó a entidades bajo el régimen de Obligaciones a Cargo del Tesoro. Se incrementaron los fondos destinados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a empresas ferroviarias como Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Belgrano Cargas y Logística y Operadora Ferroviaria, así como a la empresa estatal de educación digital EducAR.
También se readecuaron los presupuestos de empresas y entes estratégicos como Agua y Saneamiento Argentinos, la Entidad Binacional Yacyretá y Nucleoeléctrica Argentina.
De acuerdo al Gobierno, la reasignación de recursos a estas empresas y servicios forma parte de un esquema transitorio hasta que entre en vigencia el presupuesto 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de proyectos y prestaciones que dependen directamente del financiamiento estatal.