Raúl Pelozo presentó una denuncia contra el ex jefe comunal Raúl Hadad y ex funcionarias municipales por una deuda superior a los 43 millones de pesos en retenciones impositivas que no habrían sido depositadas.
El intendente de San Roque, Raúl Pelozo, presentó una denuncia penal contra el ex jefe comunal Raúl Hadad, actual diputado nacional, y contra ex funcionarias del área financiera del Municipio, por presuntos delitos vinculados al incumplimiento de los deberes de funcionario público y la apropiación indebida de tributos.
La denuncia, que fue presentada días atrás y posteriormente ratificada ante la Justicia, se originó tras detectarse una deuda superior a los 43 millones de pesos con la Dirección General de Rentas de la Provincia. Según se informó, el monto corresponde a retenciones impositivas que el Municipio realizó durante la gestión anterior, pero que no habrían sido depositadas en los organismos correspondientes.
De acuerdo con el detalle aportado por la actual administración, la deuda asciende a $43.482.760 e incluye retenciones del impuesto a los Ingresos Brutos y tasas vinculadas al funcionamiento del frigorífico municipal, que debían ser transferidas al Ministerio de la Producción. Los registros indican que, si bien las retenciones figuraban en las órdenes de pago, los depósitos habrían dejado de realizarse a partir de septiembre de 2024.
Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la situación genera un perjuicio tanto para las arcas públicas como para los contribuyentes locales, dado que el Municipio actuó como agente de retención de fondos que no le pertenecían. Ante este escenario, se resolvió avanzar con la presentación de la denuncia penal para que la Justicia determine responsabilidades y el destino de los recursos.
Además, el intendente confirmó que se impulsaron otras denuncias relacionadas con deudas con trabajadores municipales, incluyendo incumplimientos en el pago de la ART y obligaciones que contaban con partida presupuestaria asignada pero que no fueron abonadas. También se detectaron irregularidades en obras públicas inconclusas y deficiencias en los mecanismos de control interno durante la gestión anterior.
En paralelo, el Municipio puso en marcha una auditoría integral para establecer con precisión el estado financiero y administrativo en el que se recibió la comuna. La información que surja de ese proceso será puesta a disposición de la Justicia con el objetivo de aportar elementos a la investigación en curso.