Cambios en la SIDE de Milei: una banda descontrolada convertida en Gestapo libertaria

Reforma laboral esclavista contra millones de laburantes y un ajuste que no para. Todo para complacer a Donald Trump y sus objetivos imperiales “hemisféricos”. Les hermanes Milei y sus secuaces saben que la resistencia popular va a crecer. Por eso el “plan” de La Libertad Avanza incluye el fortalecimiento de los aprestos represivos.

Puede parecer una ficción de bajo vuelo, pero desde el 2 de enero en Argentina hay una escena que podría no ser tan inverosímil.

En una esquina de cualquier ciudad, a cualquier hora del día, un grupo de hombres, sin uniformes ni identificación de “autoridad” alguna, se abalanza sobre un reconocido delegado sindical que lleva años luchando contra la anquilosada dirigencia de su gremio. Él se resiste. Cree que lo quieren asaltar o, incluso, que se trata de un “ajuste de cuentas” de la burocracia. Forcejean. Un transeúnte saca su celular y comienza a filmar. Sin mediar palabras, los atacantes también lo detendrán a él. Un rato después llegará un patrullero.

¿Quiénes integrarían la patota? Nada menos que agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Gracias al DNU 941, firmado por Javier Milei y su Gabinete la tarde del 31 de diciembre, sin orden judicial alguna los espías estarían habilitados para detener a cualquier persona si es que la consideran “riesgosa” para alguna de sus “misiones” (que, por el mismo decreto, serán consideradas absolutamente “encubiertas”).

Si alguien pregunta, la única explicación que darán los funcionarios es que al delegado lo hallaron en “flagrancia”. Y que a quien filmaba también debían detenerlo porque violó, sin saberlo, la ley que prohíbe “identificar” espías. Bizarro, pero cierto.

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A esta altura, no hay especialista serio que no califique como totalmente inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial el viernes 2. Una norma firmada entre champán y turrones que, de espaldas a toda institucionalidad y al mismo Congreso, modifica lo que permite y, sobre todo, lo que prohíbe la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

Ningún gobierno constitucional, del signo que fuera, había llegado tan lejos en su afán de conformar una Gestapo vernácula. Así se llamó uno de los principales instrumentos de persecución y represión de Adolf Hitler. Su foco se centraba en opositores políticos, judíos, comunistas y toda persona “enemiga”. Por su brutalidad y métodos de terror, pasó a la posteridad como uno de los “inventos” más crueles del nazismo. Como en tantas otras cosas, les hermanes Milei superan toda ficción.

Que La Libertad Avanza es una caterva de arribistas, servidores del poder y, en algunos casos, amigos íntimos de narcos y mafiosos, a esta altura no es algo que sorprenda. Se constata en cada dependencia estatal donde mandan los funcionarios de Milei. El área de “inteligencia” no es la excepción.

Imposible dimensionar la gravedad del cambio que se quiere aplicar en la SIDE sin tener en cuenta qué hizo en estos dos años el Gobierno en relación al nauseabundo organismo, especializado en espionaje ilegal y operaciones al mejor postor.

En diciembre de 2023 Milei le encargó a Nicolás Posse, su jefe de Gabinete, que pusiera a alguien de confianza al frente de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Su excompañero en la Corporación América llamó a Silvestre Sívori, un abogado macrista con escasos conocimientos en la materia. Cinco meses después, Milei echó a Posse y a Sívori, acusándolos sotto voce de hacer inteligencia sobre el propio oficialismo.

El gatito disfrazado de león le pidió ayuda a Santiago Caputo, quien vio la oportunidad de colocar al frente del espionaje estatal a alguien que le reportara de forma directa. Ahí apareció Sergio Neiffert, un publicista y productor mediático con nula experiencia en el tema pero de máxima confianza.

Caputo y Neiffert idearon el cambio de nombre y la reestructuración, rebautizando al organismo como la tristemente célebre Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Mientras despedián a miles de laburantes de ministerios, hospitales y otras dependencias, vía un DNU el Gobierno le daba Neiffert $ 100.000 millones extras para “gastos reservados”.

Dinero que se destinó a operaciones contra la protesta social (como la distribución de volantes apócrifos del Frente de Izquierda frente al Congreso), “carpetazos” a troche y moche y hasta sobres como el que recibió el senador peronista Edgardo Kueider. El Congreso terminó anulando ese DNU, pero Neiffert ya se había gastado casi toda esa guita.

En diciembre de 2024 desembarcó Diego Kravetz, un “duro” que trabajó para el kirchnerismo y el macrismo. Lo convocaron para secundar a Neiffert y se convirtió en el coordinador del espionaje. Mientras, la SIDE siguió recibiendo fondos multimillonarios. El espionaje ilegal emanado de 25 de Mayo 11 (a metros de Casa Rosada) fue tan burdo que lo denunciaron hasta aliados de Milei como el diario La Nación .

Cuando en agosto salieron a la luz los audios de Diego Spagnuolo, muchos miraron a la SIDE. En plena campaña, el escándalo cacheteó a la “Alta Coimera” Karina y los primos Menem. ¿Otro carpetazo de Caputo? Encima, Neiffert empezó a filtrar “noticias”, como el viaje que hicieron “con la nuestra” a Azerbaiyán para ver la Fórmula 1 Alejandro Colombo y José Lago Rodríguez, dos jerarcas de la SIDE que también reportan a Caputito.

Tras el triunfo del 26 de octubre, se picó tanto entre Caputo y Neiffert que éste empezó a coquetear con Karina. La cosa se recalentó y, a pedido del asesor, Milei aceptó un “acuerdo” entre partes y Neiffert quedó game over. En su lugar, Caputo sugirió poner a Cristian Auguadra, un contador con casi nula experiencia en inteligencia.

Con la mitad de su mandato cumplida, Milei convirtió a la SIDE en algo más impresentable y peligroso aún de lo que ya era. Ahora, con un bochornoso DNU y rogando que Auguadra y Kravetz no lo traicionen, empodera a los espías y les da más impunidad. La libertad de la que tanto habla queda hundida en las laberínticas cloacas del Estado.

… Controlando todo

El DNU 941 modifica muchos artículos de la (ya cuestionada) Ley 25.520, trastocándola por completo. Los cambios más drásticos son en tres niveles: la concentración del poder en la SIDE de todo lo relacionado a la “inteligencia” nacional, incluyendo la aprobación y control de los presupuestos del área; la obligación de toda dependencia pública a atender todo pedido que haga el organismo sobre información de personas y organizaciones; y el facultamiento a los espías para perseguir y hasta detener a quienes quieran sin dar explicaciones.

Fiel a la retorcida retórica mileista, todo eso está maquillado de “buenas intenciones” en defensa de la “república” y la “democracia”. De hecho, tanto el texto del decreto como comunicados posteriores de la propia SIDE “aclarando” los alcances de los cambios, aseguran que el objetivo no es otro que hacer más “eficiente”, “transparente” y “moderno” el accionar de los servicios de inteligencia.

Este miércoles, desde la red X, el organismo agregó un “argumento” más en favor del DNU: el ataque militar yanqui a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. “Ocurrió tan solo un día después de la publicación del Decreto, dejando muy en claro que no se podía esperar a las Sesiones Ordinarias del mes de marzo”, dice el posteo de la SIDE. Un insulto a la inteligencia (la de verdad).

La letra dura del DNU habla de otra cosa, muy distinta. El cambio de nombres y siglas (por caso, la Agencia de Seguridad Nacional pasa a ser Agencia Nacional de Contrainteligencia), sumado a la creación de instituciones para agrupar todo el espionaje estatal y el uso de conceptos tan vagos como “Riesgo Estratégico Nacional”, “influencia, injerencia o interferencia de factores externos” o “atentado al orden constitucional”; sólo encubre una inédita concentración de poder en un puñado de manos.

Se crea el artículo 2 bis de la Ley 25.520: “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. No importa si se trata de delitos, crímenes y otras aberraciones. Nadie, que no sea el Gobierno, podrá saberlo y, por lo tanto, no habrá preguntas ni sanciones.

La SIDE seguirá siendo “el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional”, tal como ya lo decía la ley. Pero ahora, bajo su órbita, se crean dos “instituciones” sobre las que tendrá control directo: la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN).

La CITN pone bajo la coordinación de la SIDE a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (Ministerio de Seguridad Nacional), la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa), las áreas de inteligencia de las diferentes fuerzas, tanto armadas como de seguridad federales, el Servicio Penitenciario Federal y la Unidad de Acción Financiera (Ministerio de Justicia). El ingreso por la “ventana” de las FFAA a tareas de “inteligencia” interna es otro dato relevante.

La CIFN, en tanto, agregará a “los órganos y organismos públicos funcionalmente relacionados con capacidad de generar insumos informativos de interés para el Sistema de Inteligencia Nacional”. Así, la SIDE digitará buena parte de la información de las áreas ya mencionadas y también de otras dependientes de ministerios como los de Seguridad (incluyendo Migraciones y Renar), Justicia, Cancillería, Interior (Registro Nacional de las Personas), Economía (Aduana, CNEA), la Jefatura de Gabinete (Centro Nacional de Ciberseguridad, Conae) y la Secretaría General de la Presidencia (Autoridad Regulatoria Nuclear).

A la CITN y la CIFN podrán sumarse los organismos provinciales que cada gobernación considere. Todo, se insiste, bajo la órbita de la banda descontrolada que hoy conducen Auguadra y Kravetz.

Así, la SIDE no sólo pasa a tener un poder inédito en la vida constitucional argentina, sino que sus tentáculos “investigativos” pueden llegar prácticamente a cualquier área de la administración pública nacional y de las provincias. A eso se suma que, además de espiar y armar operaciones, los agentes siempre encubiertos podrán también detener gente sin necesidad siquiera de una orden judicial previa. Algo hasta ahora expresamente prohibido.

El DNU incorpora al artículo 10 de la Ley de Inteligencia Nacional una referencia expresa a las detenciones. El texto dice que los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia “proporcionarán su propia seguridad y protección”, lo que incluye “repeler y/o hacer cesar agresiones” allí donde están espiando e incluso “proceder a la aprehensión de personas”. Alcanza con que sea “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”. Es decir, en cualquier momento y lugar. Para barnizarlo de legalidad, los agentes deberán “dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.

La escena ficticia con la que arrancó esta nota cobra así una verosimilitud preocupante. Si la SIDE siempre fue un antro de servicios encubiertos actuando al mejor postor económico-político, ahora estaría ascendiendo de categoría. Milei y sus secuaces quieren convertirla en una policía política con poder de acción casi ilimitado. Algo así como una versión “libertaria” de la Gestapo que tanto rédito le dio al nacionalsocialismo alemán en la década de 1930.

El Gobierno asegura que la SIDE no hará nada contra nadie “por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Pero el DNU 941 habilita, justamente, a hacer todo eso.

Hay que frenarlos

La supuesta lucha contra el crimen organizado es una farsa oficialista. Además de pobrísimos resultados en el desbaratamiento de bandas delictivas, el Gobierno hace muchas cosas en favor de ellas. Con los sucesivos “blanqueos” y la nueva Ley de Inocencia Fiscal, les dan vía libre a los lavadores de dinero (lo que incluye narcos, tratantes y contrabandistas) para que “integren” sus dólares al mercado legal. A su vez, mantienen en sus propias filas a gente pesada, como los narcodiputados mileistas Lorena Villaverde y José Luis Espert (quien quedó fuera de juego sólo ante las pruebas abrumadoras). Y ahora encriptan aún más a los servicios de inteligencia, una verdadera escuela de criminales.

No es difícil imaginar por qué en La Libertad Avanza ven “necesario” y “urgente” empoderar a la SIDE. El Gobierno quiere arremeter con medidas cada vez más nocivas para la población, como la reforma laboral esclavista y un mayor ajuste para pagar la asfixiante deuda externa a pedido de Trump y el FMI. Eso, inevitablemente, traerá más rechazo social, conflictividad y lucha de clases. Y saben que no sólo hay que reprimir sino, también, proteger a los funcionarios con un ensayo de Gestapo “libertaria”.

Constitucionalistas y especialistas de todo el arco ideológico desde el primer momento alertaron que el DNU 941/2025 es un avance antidemocrático y un peligro para la seguridad ciudadana. Viola la Constitución Nacional, entre otros, en sus artículos 14 y 14 bis (derechos y protecciones de las personas), 18 (debido proceso) y 19 (resguardo de la vida privada), así como tratados internacionales con rango constitucional. Y deja literalmente exceptuadas figuras jurídicas como el habeas corpus, el habeas data y la reserva de las fuentes periodísticas.

El rechazo también es a la utilización de conceptos vagos y ambiguos para fijar normas. Para enojo de la Casa Rosada, hasta medios insospechados de “zurdos” como La Nación y Clarín detallaron las aberraciones del DNU. ¿Hace falta algo más para frenarlo?

Esta semana el bloque de diputadas y diputados del Frente de Izquierda Unidad ingresó a la Cámara baja un proyecto de ley para declarar la nulidad total del DNU. Podés leerlo completo acá. Lo firman Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Néstor Pitrola.

La izquierda propone que el Congreso anule de plano el decreto por inconstitucional y violatorio de los derechos democráticos elementales. “Responde directamente a lineamientos históricos promovidos por los servicios de inteligencia estadounidenses, con la CIA como referencia explícita. Una nueva muestra del alineamiento y la subordinación del gobierno de Milei a los Estados Unidos”, dice el proyecto.

Para el FITU, Milei y compañía avanzan en su plan de ajuste y, a la vez, intentan fortalecer “una suerte de policía secreta con capacidad de detención de personas y poder suficiente como para limitar la libertad de expresión y la disidencia, con la perspectiva de fortalecer un Estado policial contra toda oposición”. Así, esta reconfiguración afecta derechos y garantías básicas, además de ampliar los “gastos reservados” y la concentración presupuestaria en la SIDE. “Se configura así una ‘caja negra’ de poder estatal, financiada con fondos públicos”, remarcan.

Desde hace décadas en Argentina todos los DNU tienen validez automática y sólo pueden caer por un fallo expreso de la Corte Suprema o un rechazo del Congreso. En este último caso, ambas cámaras deberán coincidir en el voto por mayoría. Los bloques de La Libertad Avanza no cuentan por sí solos con los votos para sostener este engendro normativo, por lo que deberán recurrir a sus habituales negociaciones secretas, arreglos vidriosos y compra de votos “opositores”. Ya se sabe qué votarán las diputadas y diputados del Frente de Izquierda . ¿Qué harán desde el radicalismo, el peronismo y los partidos provinciales?

En ese marco, como ante cada ataque del Estado a la clase trabajadora y los sectores populares, será fundamental activar la más amplia y masiva movilización hasta imponerle al Congreso el rechazo y anulación del DNU 492. No se puede confiar en que, por sí sola, la “casta” política se hará cargo del destino de los derechos y garantías elementales de la población. Contra el ajuste, la reforma laboral esclavista y los aprestos represivos que avanzan, la lucha es la misma. Y es en las calles.