La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) manifestó su “preocupación y desacuerdo” frente al avance de iniciativas orientadas al traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y advirtió que la medida podría implicar un “retroceso institucional” y afectar la especialización del fuero laboral.
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que el proyecto “se inscribe en una ofensiva más general contra el Derecho del Trabajo”, en referencia al DNU 70/23, la denominada “Ley Bases” y los proyectos de “modernización” laboral.
Según señalaron, esas reformas se presentan como herramientas para “dinamizar la economía” y “reducir costos”, pero “en los hechos tienden a debilitar el sistema de protección laboral, a relativizar principios estructurales y a incrementar la desigualdad en la relación entre quienes trabajan y quienes emplean”.
En ese contexto, la asociación cuestionó que se impulse el traspaso “limitado al fuero laboral y no extendido a los demás fueros nacionales”, lo que —según afirmaron— dificulta sostener que la iniciativa responda a “un criterio estrictamente institucional vinculado a la autonomía porteña”.
Uno de los principales puntos de alerta planteados por ANJUT es el “riesgo de desespecialización y retroceso institucional”.
Advirtieron que la eventual reasignación de competencias laborales hacia el fuero contencioso administrativo federal —como en cuestiones vinculadas a asociaciones sindicales, conflictos colectivos de alcance nacional o litigios contra el Estado— “implicaría un enorme retroceso institucional en la especialización construida históricamente en nuestro sistema de justicia”.
Además, señalaron que esa modificación se apartaría de estándares interamericanos que establecen que el acceso a la justicia laboral requiere “una jurisdicción especializada y con competencia exclusiva en materia laboral”.
El comunicado también advierte sobre una “alteración de facto del régimen de asociaciones sindicales”.
Según detallaron, la reasignación de competencias vinculadas a la libertad sindical —como personería gremial, encuadramientos o impugnaciones de actos de la autoridad administrativa laboral— “produce, en los hechos, una modificación del diseño legal vigente”, ya que “cambia el juez natural del conflicto colectivo y desplaza el juzgamiento desde una jurisdicción laboral especializada hacia fueros ajenos a esa especialidad”.
Para la entidad, ese corrimiento, “sin una reforma legislativa sustantiva y debatida”, impacta sobre “garantías centrales de la libertad sindical y sobre la uniformidad y previsibilidad de las decisiones”.
Frente a este escenario, ANJUT solicitó que la aprobación de cualquier acuerdo sea precedida por “un debate amplio y transparente, con participación efectiva de quienes integran el sistema de justicia laboral y de sus organizaciones representativas”. También reclamó que se asegure “la continuidad y el fortalecimiento de la especialización laboral”, que no se degrade “la tutela de los derechos laborales” ni se implique “regresividad en el acceso a la justicia”, y que el tratamiento legislativo en el Congreso sea “sustantivo y no meramente formal”.
Finalmente, la asociación reafirmó su compromiso con “una justicia laboral especializada e independiente, como herramienta institucional para la paz social, el desarrollo económico sostenible y la protección de los derechos de quienes trabajan”.