Keila Oliva, consejera superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral denunció el ajuste universitario y expresó su solidaridad con el Hospital Garrahan.
En una contundente jornada provincial contra la reforma laboral impulsada por organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales, la referente de La Marea Estudiantil (MST-FITU) y consejera de la UNPA-UARG, Keila Oliva, llamó a consolidar la unidad obrero-estudiantil. El objetivo: coordinar la resistencia frente al ajuste del gobierno nacional y garantizar la defensa irrestricta de la educación, la salud pública y los derechos laborales.
Bajo la consigna de rechazo a la reforma laboral, miles de trabajadores y estudiantes se movilizaron en Santa Cruz para frenar el avance de las políticas de Javier Milei. La movilización, que contó con el respaldo del Frente Sindical Provincial, funcionó como un canal de repudio al desmantelamiento de las conquistas históricas de la clase trabajadora y al recorte presupuestario que asfixia a los sectores públicos.
Durante el acto central, Keila visibilizó la crítica situación de la universidad pública, enfatizando el impacto del desfinanciamiento sobre los salarios de docentes y no docentes, así como en la permanencia de los estudiantes. “La reforma laboral y el ajuste a la universidad son dos caras de la misma moneda: buscan trabajadores precarizados y estudiantes sin perspectivas. Mientras el Gobierno prioriza el cumplimiento con el FMI, desatiende las necesidades básicas del pueblo. La respuesta debe darse en las calles, con un plan de lucha unificado para derrotar este modelo de entrega”, sentenció.
La dirigente estudiantil subrayó que los ataques al sector educativo no son hechos aislados, sino que forman parte de una ofensiva generalizada contra los sectores populares. En este sentido, instó a profundizar la organización de base para enfrentar las medidas gubernamentales de manera colectiva.
Asimismo, expresó su solidaridad con los trabajadores del Hospital Garrahan, que están siendo perseguidos con amenazas de despidos. Las organizaciones convocantes denunciaron la creciente criminalización de la protesta y ratificaron que la salud pública es una causa irrenunciable para el conjunto de la sociedad.
La jornada en Santa Cruz se inscribe en un mapa nacional de creciente conflictividad. Desde el activismo estudiantil combativo recalcaron que la protección del salario y de la universidad pública solo será posible mediante la movilización sostenida y la unidad de acción.