En un paso clave para el federalismo y los recursos provinciales, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó este lunes de la audiencia inicial convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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El encuentro marca el avance de la demanda contra el Estado nacional por el pago de las regalías de Yacyretá y Salto Grande, un conflicto que atraviesa décadas de incumplimientos normativos.
La comitiva oficial, integrada por el fiscal de Estado, Horacio Ortega; el procurador José Roa; y el titular de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Pablo Cuenca, logró establecer una mesa de diálogo con las autoridades nacionales y representantes de la administradora mayorista eléctrica.
“Vamos a seguir trabajando en defensa de lo que le corresponde a los correntinos, ni más ni menos”, sentenció el mandatario al finalizar la reunión en la Ciudad de Buenos Aires.
El eje del conflicto: el precio de la energía
La demanda judicial busca que la Nación cumpla con la Ley 15.336 y el decreto 287/93, que regulan las regalías en especie. El punto de conflicto radica en el valor que se le asigna a esa energía: Corrientes exige que se le reconozca un precio equivalente al «precio medio monómico del Mercado Eléctrico Mayorista», en lugar de los valores depreciados que se venían aplicando.
El reclamo tiene un fuerte antecedente político. Ya durante la gestión anterior de Gustavo Valdés, la provincia denunció que durante más de 25 años la Nación generó energía desde la represa sin abonar lo estipulado legalmente.
«Lo único que se olvidaron es de pagar las regalías», había cuestionado el entonces gobernador.
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Próxima instancia judicial
El «diálogo positivo» logrado en esta primera audiencia permitió agendar un segundo encuentro para el 22 de abril de 2026. En esa instancia se espera profundizar en los aspectos técnicos del reconocimiento de deuda y el esquema de pagos futuros.
Para el Gobierno provincial, la resolución de este litigio no solo representa un alivio financiero, sino un acto de justicia ante el impacto ambiental y social que generan las represas hidroeléctricas en el territorio correntino sin recibir la contraprestación legal correspondiente.