La muerte de un niño de 4 años en Chubut reabre el debate sobre los protocolos de protección. La fiscalía solicita informes a Corrientes y Misiones por denuncias previas contra la madre biológica.
La muerte de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, ha generado una profunda conmoción y ha puesto bajo la lupa el funcionamiento de los organismos de protección de menores. La fiscalía a cargo del caso confirmó que la madre biológica, Mariela Altamirano (28), y su pareja son los principales sospechosos.
Según informaron fuentes judiciales, el fiscal Facundo Oribone solicitó informes detallados a las provincias de Corrientes y Misiones, donde Altamirano residió antes de regresar a Chubut. Los reportes buscan establecer un historial de conductas violentas, que incluirían denuncias y la previa quita de la tenencia de otro hijo por maltrato.
Luis López, padre biológico del niño, quien lo crió durante sus primeros cuatro años, manifestó su desconsuelo y responsabilizó al sistema. «Yo les dije que le iba a pasar algo con esa mujer. La Justicia priorizó el vínculo biológico por encima de la seguridad de mi hijo», declaró. López aseguró haber alertado a las autoridades sobre los riesgos antes de que el niño fuera entregado a la custodia de su madre, hace tres meses.
Por su parte, Lorena Andrade, madrastra del menor, utilizó sus redes sociales para cuestionar la actuación de los organismos de protección. «Recorrimos Defensoría, no nos escuchó Protección de Menores; quien debió protegerlo decidió hacer abuso de poder», expresó.
La investigación no solo avanza sobre la responsabilidad penal directa en el deceso, sino que también busca determinar si existió omisión de deberes por parte de funcionarios públicos. El caso reaviva el debate sobre la necesidad de revisar los protocolos de vinculación familiar cuando existen antecedentes de violencia.