El portavoz presidencial, Manuel Adorni, informó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa para actualizar la normativa que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, vigente desde 2012.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Poder Ejecutivo nacional planea enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Tierras, oficialmente denominada Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, sancionada a fines de 2011 y promulgada en 2012.
La ley 26.737 establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Entre sus principales disposiciones, limita la propiedad extranjera a no más del 15% del territorio nacional, provincial o municipal, y a un máximo del 30% para ciudadanos de una misma nacionalidad. Además, prohíbe la compra en zonas aledañas a cuerpos de agua considerados estratégicos y fija un tope de 1000 hectáreas para adquisiciones en la denominada zona núcleo, que abarca regiones del norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y este de Córdoba.
Desde el Gobierno nacional se argumenta que la normativa actual, heredada de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, necesita una actualización para adaptarse al contexto económico actual y fomentar las inversiones. Según la visión oficial, la ley vigente podría estar generando distorsiones en el mercado de tierras y afectando la competitividad del sector agropecuario.
La iniciativa anunciada busca revisar estos límites, con el objetivo declarado de promover un marco legal que incentive la inversión extranjera en el sector rural, sin descuidar los intereses nacionales. Sus defensores sostienen que la soberanía y el control sobre los recursos estratégicos están garantizados por múltiples instrumentos legales más allá de esta ley específica.
El debate sobre la modificación de la Ley de Tierras se enmarca en una discusión más amplia sobre las políticas de desarrollo del sector agropecuario y la atracción de capitales al país. El proyecto deberá ser tratado y aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Nación para convertirse en ley.