Por orden judicial, se creó un espacio de trabajo conjunto entre organismos científicos, estatales y la sociedad civil para definir acciones de reparación en el arroyo, afectado por obras de dragado.
La Justicia de Corrientes conformó una mesa intersectorial para avanzar en la remediación del Riachuelo, tras los daños ambientales generados por obras de dragado realizadas sin los estudios de impacto correspondientes. La iniciativa, impulsada por el Juzgado Civil N°8, reúne a organismos científicos, áreas del Estado y representantes de la sociedad civil en un espacio inédito en la provincia, según informó la defensora pública civil Nº 2, Nora Maciel.
La causa se originó por intervenciones en el arroyo que provocaron alteración del lecho, pérdida de fauna y flora, y destrucción de bosques de ribera. Si bien en 2022 existía una orden judicial que obligaba al Estado a presentar un plan de recomposición ambiental, esa medida no se cumplió. La nueva mesa técnica busca destrabar ese proceso.
Entre los integrantes de la mesa figuran organismos como el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), el Instituto de Biología del Nordeste (IBONE) y el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL). Las decisiones se tomarán por consenso, sin predominio del Estado sobre los demás actores, en línea con principios como los del Acuerdo de Escazú. La participación es obligatoria por tratarse de una sentencia judicial firme.
El concepto central de «remediación» implica intervenir en el ecosistema afectado sabiendo que no podrá volver a su estado original. «El ambiente no puede reponerse como si fuera un objeto. No se puede reemplazar lo que se perdió, pero sí mitigar el daño», explicó Maciel. El objetivo será restaurar condiciones ambientales posibles, definiendo acciones viables y las zonas de aplicación.
La mesa funcionará con reuniones mensuales y comunicación permanente, teniendo facultades para definir plazos, áreas de intervención y estrategias. El proceso no solo apunta a reparar el daño concreto, sino también a generar un precedente en la provincia sobre la ejecución efectiva de sentencias ambientales.