El Tribunal de Juicio N.° 1 dictó una condena de 20 años de prisión para Lucas Matías Mendoza, hallado autor material del homicidio agravado por uso de arma de fuego de Marcelo Antonio Quintana, ocurrido el 29 de septiembre de 2025 en el barrio Llano.
El Tribunal de Juicio N.° 1 condenó a Lucas Matías Mendoza a 20 años de prisión por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Marcelo Antonio Quintana. El hecho ocurrió el 29 de septiembre de 2025 en el barrio Llano de Corrientes.
El juicio, que finalizó ocho meses después del crimen, incluyó una estrategia de defensa basada en una supuesta incapacidad motriz en la mano derecha del acusado, que habría impedido que disparara el arma. Los abogados de Mendoza argumentaron que no podía percutar el arma homicida.
La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) N.° 9, a cargo del fiscal Jorge Antonio Casarotto, presentó pruebas que desestimaron esa coartada. Testimonios de familiares de la víctima y de un vecino se correlacionaron con imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Mendoza y Quintana discutiendo en la vereda de la casa de este último momentos antes del hecho.
El fiscal refutó el argumento de la incapacidad motriz señalando que Mendoza admitió haber llegado al lugar conduciendo una motocicleta. «Si podía accionar el acelerador y el freno delantero de la moto, tenía capacidad para manipular un arma de fuego», declaró Casarotto. La licenciada Roxana González, del Cuerpo de Psicología Forense, testificó que durante la evaluación psicológica (Test de Bender) el acusado usó su mano derecha sin impedimentos.
La defensa también presentó un resultado negativo del dermotest (barrido forense para detectar pólvora). El fiscal Casarotto invalidó esa prueba al indicar que entre el crimen y la aprehensión de Mendoza transcurrió una hora y diez minutos, «tiempo suficiente para que el acusado se lavara las manos de forma capaz de influir en el resultado de ese test», en línea con pericias de José Silva y Flavia Medina de la Ufie.
Durante el debate, la defensa presentó dos testigos de identidad reservada. Tras sus declaraciones, el fiscal advirtió inconsistencias en los dichos de uno de ellos y alertó al Tribunal sobre una posible comisión del delito de falso testimonio. Se ordenó la intervención de la Unidad de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) para iniciar una investigación paralela.