Yamandú Barrios afirmó que los controles a motociclistas buscan reducir siniestros viales, donde el 90% de las víctimas fatales en 2025 eran conductores o acompañantes de moto.
El secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, se refirió a los operativos de fiscalización sobre motociclistas en la ciudad de Corrientes. En declaraciones al programa Equipo de Noticias, sostuvo que «exigirle el orden también a la persona que menos tiene» no constituye una persecución, sino una medida orientada a la calidad de vida.
«Malinterpretamos por ahí, creemos que es políticamente incorrecto exigirle el orden también a la persona que que menos tiene, porque partimos del preconcepto del que anda en moto, es el que menos tiene, o más mal económicamente está. Pero esto no es una cuestión de economía, esto es una cuestión de un orden mínimo del tránsito hacia la calidad de vida», afirmó Barrios.
Según datos del observatorio municipal, en 7 de cada 10 accidentes registrados en la Capital correntina interviene una motocicleta. Además, el 90% de los fallecidos en siniestros viales durante 2025 eran conductores o acompañantes de ese tipo de rodado: de 30 personas que perdieron la vida ese año, 27 circulaban sobre dos ruedas.
«Si de cada 10 accidentes tenemos en la ciudad 7 en los que participan motos, y el 90 por ciento de los muertos en accidentes de tránsito en la ciudad son motociclistas, tenemos problemas y tenemos que establecer normas mínimas de orden de tránsito», sostuvo el funcionario.
La gestión del intendente Claudio Polich definió dos ejes de acción para 2026: tolerancia cero al alcohol al volante para conductores de vehículos de cuatro ruedas y uso obligatorio del casco para motociclistas, tanto conductor como acompañante. «Son dos cosas que salvan vida. Para la gestión, son dos reglas claras en el tránsito que vamos a seguir exigiendo durante todo el 2026», declaró Barrios.
El secretario también señaló una contradicción en el espacio público: el Municipio financia el boleto estudiantil gratuito con un costo de 7.000 millones de pesos anuales para evitar que los jóvenes circulen en moto, pero muchas familias optan por trasladar a varios menores en un mismo vehículo de dos ruedas y sin protección.