La Cámara Federal de Corrientes ratificó los procesamientos con prisión preventiva de 13 personas acusadas de integrar una organización criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua, por los delitos de organización criminal, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos con prisión preventiva de 13 personas acusadas de formar parte de una organización criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua. El tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas y ratificó que los acusados deben responder por los delitos de integrar una organización criminal, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El caso comenzó el 2 de octubre de 2023, cuando agentes de Interpol de la Policía Federal detuvieron en la ruta 43 de Corrientes a Guillermo Rafael Boscán Bracho, un ciudadano venezolano con pedido de captura internacional. Boscán Bracho había ingresado al país desde Colombia en 2019 con una identidad falsa y, al momento de su arresto, residía en un barrio privado de la ciudad de Corrientes. Es señalado como el líder de la «Banda del Yiyi», una facción del Tren de Aragua. Venezuela lo reclama para juzgarlo por extorsión agravada, homicidio calificado, terrorismo, tráfico de armas y otros delitos. La Corte Suprema argentina autorizó su extradición en marzo de 2025, pero el trámite está suspendido hasta que sea juzgado en Argentina. Permanece detenido en el penal de Ezeiza, en una unidad de alto riesgo.
El 28 de mayo de 2024, una serie de allanamientos simultáneos en Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la ciudad de Corrientes permitió detener al resto de los acusados, entre los que se encuentran once venezolanos, una colombiana y un argentino. La investigación, impulsada por fiscales federales de Corrientes, la unidad especializada en crimen organizado y la unidad de lavado de activos, detectó que la organización operaba a través de dos células coordinadas que mantenían comunicación directa con Boscán Bracho incluso mientras estaba detenido. Cada integrante tenía un rol específico dentro de la estructura.
Para mover el dinero, la banda utilizaba sistemas informales de transferencia, cuentas bancarias, billeteras virtuales y un local comercial en el barrio porteño de Colegiales. En los allanamientos se secuestraron computadoras, máquinas contadoras de billetes, efectivo en distintas monedas y documentación. Varios acusados habían adquirido bienes de alto valor sin tener empleo registrado ni ingresos que lo justificaran.
En septiembre de 2024, los 13 imputados habían sido procesados por los tres delitos, pero en diciembre la Cámara Federal anuló parcialmente esa decisión respecto al cargo de organización criminal por considerar que los acusados no habían sido debidamente notificados de esa imputación al momento de sus declaraciones indagatorias. Entre enero y febrero de 2025 se realizaron nuevas indagatorias con la acusación completa correctamente notificada, y el juez federal Gustavo Fresneda volvió a procesar a los 13 por los tres delitos. La Cámara confirmó esa decisión al considerar que las defensas no lograron rebatir la solidez de las pruebas ni la lógica jurídica del fallo.
Las dos juezas de la Cámara sostuvieron que la evidencia reunida —escuchas telefónicas, tareas de inteligencia, análisis financieros, allanamientos y secuestro de dispositivos— permite dar por acreditada, al menos en esta etapa del proceso, la existencia de una organización con capacidad operativa real, estructura estable, división de funciones y proyección internacional. Con esos elementos, confirmaron que los 13 acusados deben continuar detenidos y enfrentar el juicio oral.