La diputada provincial Ana María Marlene Marlén Gauna presentó un proyecto de declaración que será tratado mañana en la Legislatura. La iniciativa manifiesta repudio a la detención de la ex presidenta y señala irregularidades procesales en la causa Vialidad, injerencia del Gobierno nacional y restricciones en su detención domiciliaria.
En el marco del primer aniversario de la privación de la libertad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la diputada provincial Ana María Marlene Marlén Gauna presentó un proyecto de declaración para manifestar su «más enérgico repudio» ante lo que califica como una proscripción política consolidada por la Justicia.
La iniciativa fue ingresada formalmente la semana pasada, pero la falta de sesión postergó su tratamiento para este miércoles.
En declaraciones a EL LIBERTADOR, Gauna afirmó que la detención de la actual Presidenta del Partido Justicialista responde a «lo que representa en materia de justicia social» y señaló anomalías detectadas durante el proceso judicial. «Esto no implica que obligatoriamente ella sea candidata», aclaró la legisladora, y sostuvo que se trata de una cuestión de fondo sobre la democracia, los intereses hegemónicos y la perspectiva de género.
El proyecto presentado por la parlamentaria justicialista se centra en la sentencia ratificada por la Corte Suprema el 10 de junio de 2025 en la causa Vialidad, que impuso a Kirchner seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Gauna sostiene que el máximo Tribunal rechazó los recursos de la defensa «sin siquiera analizar», validando un proceso que considera viciado por prácticas de forum shopping y violación del principio del juez natural.
Entre los fundamentos, se mencionan vínculos «promiscuos» entre magistrados y sectores opositores, citando visitas de jueces a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri y la integración del equipo de fútbol Liverpool por parte del juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani, quienes disputaban torneos en la quinta privada del ex Presidente.
La Diputada también señaló una «manifiesta intromisión» del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito judicial. Según el texto del proyecto, el presidente Javier Milei se arrogó públicamente la decisión de que la exmandataria fuera presa en octubre de 2025, postura que ratificó ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 2026.
Gauna expresó preocupación por las condiciones de la detención domiciliaria de Kirchner, calificándolas de «restrictivas e ilegales». El documento destaca que, mientras la mayoría de los presos con este beneficio no poseen limitaciones de visitas, la exmandataria forma parte de un marginal 1,76 por ciento de la población detenida bajo un régimen de incomunicación y restricciones severas.
Finalmente, la legisladora advirtió que esta situación representa una «fractura irreversible en el pacto democrático» y una escalada de violencia simbólica que tuvo su punto más crítico en el intento de magnicidio de septiembre de 2022. «Las instituciones democráticas de nuestra provincia deben alzar la voz en defensa del sistema republicano», concluyó Gauna.