La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad citar a indagatoria a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, para el 14 de agosto. La medida se enmarca en denuncias por maltrato laboral, abuso de autoridad y violación del secreto profesional, y podría derivar en un jury de enjuiciamiento.
El Consejo de la Magistratura de la Nación citó a indagatoria a la jueza Cristina Pozzer Penzo, titular del Juzgado Federal de Goya, para el próximo 14 de agosto. La decisión fue tomada por unanimidad en la Comisión de Acusación, según informaron fuentes del organismo.
La medida fue propuesta por el consejero Álvaro González y respaldada por Alberto Maques, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Luis Juez, César Grau y Gonzalo Roca. Las denuncias contra la magistrada incluyen maltrato laboral sistemático hacia el personal del juzgado, abuso de autoridad y violación del secreto profesional.
El consejero César Grau solicitó que se incorporen al expediente las denuncias presentadas contra Pozzer Penzo por presunto mal desempeño en la investigación del caso Loan Danilo Peña, el menor desaparecido en Corrientes.
Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, declaró que la citación a indagatoria es el primer paso hacia un jury de enjuiciamiento por mal desempeño. «Hoy sale de acusación. Todo el fundamento es para el Jury de Enjuiciamiento por la remoción», afirmó Piumato. Explicó que tras la indagatoria, el plenario del Consejo decidirá si envía el caso al jury o aplica una sanción disciplinaria.
La aplicación del artículo 20 del reglamento de la Comisión de Acusación implica que los consejeros consideran que hay pruebas suficientes para exigir explicaciones formales a la magistrada. La votación unánime, con representantes de distintos signos políticos, indica la solidez de las pruebas acumuladas.
El caso Loan Danilo Peña, que involucra la desaparición del menor, ha generado atención pública y expuesto demoras procedimentales y cruces con fuerzas de seguridad. La unificación de las denuncias por violencia laboral con las relacionadas a esa causa eleva la presión sobre la jueza.