El dirigente sindical Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, se pronunció a favor del proceso de enjuiciamiento contra la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, en una entrevista radial emitida en Corrientes.
El dirigente sindical Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, declaró que avanza el proceso de enjuiciamiento contra la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, en el marco de una entrevista concedida al programa La Otra Campana, que se emite por LT7 Radio Corrientes y L25 Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá.
Piumato afirmó que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura citó a la jueza a declaración indagatoria para agosto de 2025, tras la feria judicial, en el marco de una denuncia por maltrato laboral, irregularidades en causas de contrabando y mal desempeño en el caso de la desaparición del niño Loan Peña. El dirigente sostuvo que existen pruebas de mal desempeño y de una denuncia de corrupción que habría quedado demostrada en un juicio del Tribunal Oral Federal.
Según Piumato, la jueza habría participado en una causa de contrabando, donde un imputado declaró que entregaba mercadería en una chacra en Paso de los Libres y que la jueza estaba presente. También señaló que la jueza habría armado causas contra quienes la denunciaban y que algunos empleados judiciales trabajan de forma remota por cuestiones de seguridad.
El dirigente explicó que el proceso de enjuiciamiento se rige por la Constitución nacional de 1994, que establece el Jury para la remoción de magistrados. Detalló que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura investiga el caso y que, tras la indagatoria, el plenario del Consejo decidirá si se inicia el juicio de enjuiciamiento, que podría culminar con la destitución de la jueza o su absolución.
Piumato también se refirió a la independencia judicial como un pilar para el control de los poderes del Estado y la protección de los derechos ciudadanos, y mencionó un caso de negociación entre el Gobierno nacional y un juez de la Cámara Laboral como ejemplo de lo que consideró una práctica que afecta la imparcialidad de la Justicia.