La empresa inmobiliaria y desarrollista Márquez 4 Elementos SRL, vinculada al grupo MRQZPABAR Desarrollos SA, fue declarada en quiebra por la Justicia Civil y Comercial de Córdoba. La medida incluye el bloqueo de cuentas y la inhibición de bienes.
La jueza en lo Civil y Comercial de 52ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Ana Silvina Izquierdo, declaró la quiebra de la empresa inmobiliaria y desarrollista Márquez 4 Elementos SRL, vinculada con el grupo de emprendimientos de la marca comercial MRQZPABAR Desarrollos SA (Márquez y Asociados).
Márquez 4 Elementos SRL fue creada en 2017 para la adquisición de inmuebles y financiación de terrenos, años después de la constitución de la firma madre.
La quiebra fue declarada tras el pedido de un abogado que solicitó el cobro de honorarios adeudados y firmes derivados de un juicio laboral anterior, según informó el sitio del Poder Judicial de Córdoba.
La titular del juzgado de Concursos y Sociedades Número 8 sostuvo que la firma se encuentra en estado de cesación de pagos.
“El escenario exhibe precisamente notas de permanencia y generalidad propias de la cesación de pagos, que afectan globalmente el patrimonio de la demandada”, aseguró Izquierdo en los considerandos.
Y luego agregó: “Ello no sólo surge del mero incumplimiento de la obligación a cargo de la deudora, sino de las propias manifestaciones obrantes en la vista corrida, cuando reconoce que posee bienes, pero no los puede hacer efectivos debido a la existencia de medidas cautelares que pesan sobre ellos. Idéntica conclusión se advierte de lo manifestado en relación a las cuentas bancarias (…)”
Además señaló que “no resulta suficiente para enervar el estado de cesación de pagos, que la sociedad posea bienes inmuebles”.
“Sin perjuicio del cuestionamiento que el acreedor efectúa sobre la titularidad que ostenta la demandada sobre ellos, lo cierto es que lo determinante a examinar es si esos bienes se encuentran disponibles para atender las obligaciones exigibles. La mera titularidad formal deviene insuficiente frente a la carga de enervar la denuncia que pesa sobre la situación patrimonial”, fundamentó la jueza.
De este modo “ante la falta de liquidez y la ausencia de depósitos judiciales para cancelar el crédito, el juzgado consideró configurado el presupuesto de insolvencia exigido por la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ)”, indica el comunicado oficial.
Qué dispuso la jueza
Así la jueza Izquierdo resolvió que se incauten los bienes y los libros contables de la sociedad, que se inhiban de un modo general los bienes, que se bloqueen totalmente las cuentas bancarias y la prohibición de realizar pagos a su nombre.
También prohibió la salida del país sin autorización judicial a su socio gerente y fijó un cronograma procesal.
“Entre otras fechas, la sentencia dispone que los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la sindicatura hasta el 5 de febrero de 2027 y que el tribunal dictará la resolución de verificación de créditos el 24 de agosto de 2027”, detalló la Justicia de Córdoba.