El abogado Juan Saucedo, representante de la familia de la adolescente asesinada en Alvear, sostuvo que la medida otorgada a la joven imputada se debe a la condición de sus padres y afirmó que la Fiscalía rechaza pedidos de prueba para determinar la participación de un tercero identificado como ‘Max’. Las pericias psiquiátricas determinaron que los acusados son imputables.
El caso por el homicidio de Cecilia Emilce Lazcano (16), ocurrido durante la madrugada del 16 de julio en la vieja estación de trenes de Alvear, continúa con presentaciones judiciales. La querella que representa a la familia de la víctima cuestionó la prisión domiciliaria otorgada a una de las coautoras y solicitó que se investigue la posible participación de un tercero.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Santo Tomé, conducida por el fiscal Facundo Cabral. Hay dos adolescentes de 16 y 17 años imputados por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas.
Prisión domiciliaria y condición de los padres
El abogado querellante Juan Saucedo se refirió a la situación procesal de N L (17), imputada como coautora del hecho. La Justicia le otorgó prisión domiciliaria bajo responsabilidad parental, pese a que sobre ella pesa la misma calificación penal que sobre el autor material.
«Esta chica es hija de un sargento de la Policía de la Provincia y la madre es funcionaria municipal de la localidad de Alvear», declaró Saucedo. «Esto ha implicado que, entre otras cosas, obtuviera el beneficio de la prisión domiciliaria. Según el fiscal, es porque no habría lugar de alojamiento para menores del sexo femenino, pero la verdad es que sigue haciendo su vida normal dentro de una casa, recibiendo visitas y sin un control estricto de las autoridades».
La hipótesis de un tercer implicado
La querella sostiene que pudo haber un tercer participante en el hecho. De los peritajes a las comunicaciones telefónicas entre los dos imputados surgen chats iniciados en noviembre de 2025 que mencionan a un individuo apodado «Max». Según la querella, tras el ataque el autor material le escribió a su novia que «M me va a querer ahorcar» y que dicho sujeto «mueve un dedo y arregla todo».
La Fiscalía sostiene que «Max» sería una creación imaginaria de los menores. Saucedo afirmó: «Creemos por la mecánica de la agresión que había una persona esperándolos en la estación; el menor no actuó solo por más que en los mensajes saliera otra cosa».
El abogado indicó que el Ministerio Público rechazó pedidos de prueba de la familia: «Pedimos los movimientos telefónicos para verificar dónde estaba la menor y su madre esa noche, pero no nos hacen lugar. Hay una voluntad de la Fiscalía de acelerar esto, cerrar y cuanto antes elevar la causa a juicio, sin agotar las investigaciones para determinar si hubo terceras personas involucradas».
Pericias psiquiátricas y planificación del hecho
Saucedo descartó argumentos de inimputabilidad: «Las pericias psiquiátricas de ambos arrojaron que tienen plena conciencia de la criminalidad de sus actos, son absolutamente imputables».
Asimismo, sostuvo que el crimen fue organizado con antelación: «Desde mayo de 2026 empezaron a preparar la forma de matarla; la eligieron a Cecilia porque era una chica buena, inocente y la marcaban como débil».
La querella detalló que los acusados crearon un grupo de contención aprovechando falsos rumores sobre la víctima para intentar simular un suicidio tras la agresión. El letrado mencionó mensajes posteriores al ataque: «Cuando se enteraron de que Cecilia había sobrevivido al ataque y agonizó durante seis horas intentando salvar su vida, la joven imputada se enojó y le recriminó a su novio: ‘¿Por qué no la cortaste en pedazos?’».
Marco legal y expectativa de pena
Saucedo se refirió al régimen penal aplicable. «Si esto fuera para el caso de adultos, la condena en expectativa sería de prisión perpetua. En este caso, por la nueva ley, el tope de la pena es de 15 años», explicó. Y agregó: «La baja de la edad de imputabilidad no vino a solucionar el problema de la impunidad de los menores que conocen perfectamente lo que hacen, sino que vino a complicar más el panorama porque otorga más alternativas a la defensa».
La familia Lazcano y vecinos de Alvear reclaman que se agoten las líneas de investigación para determinar responsabilidades.