El fiscal Gerardo Pollicita pidió reconstruir la situación patrimonial del exjefe de Gabinete y de su esposa desde que alcanzaron la mayoría de edad, levantar el secreto fiscal y comprobar la titularidad de ocho direcciones de bitcoin mediante las claves privadas.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la investigación sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. El pedido, que será autorizado por el juez Ariel Lijo, incluye la reconstrucción de la situación económica de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que alcanzaron la mayoría de edad, el levantamiento del secreto fiscal y una verificación técnica de ocho direcciones de bitcoin que el exfuncionario habría utilizado antes de ingresar a la función pública.
Según el escrito, Pollicita pidió reconstruir los ingresos de Adorni desde el 28 de febrero de 1998 y de Angeletti desde el 10 de octubre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2011. Ese período se sumará a las medidas ya ordenadas desde 2012. El objetivo, sostuvo el fiscal, es «corroborar la justificación brindada» por la defensa, que afirma que el capital utilizado a partir de 2014 proviene de un ahorro familiar generado con anterioridad por la actividad profesional de ambos.
Entre las medidas centrales, Pollicita solicitó el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti durante esos períodos para acceder a la información que posee ARCA sobre declaraciones juradas, bienes, ingresos y situación tributaria. En particular, pidió las declaraciones de Ganancias, Bienes Personales y otros impuestos, sus anexos y rectificativas; los regímenes en los que estuvieron inscriptos; actividades declaradas; información aportada por terceros; eventuales blanqueos, moratorias o exteriorizaciones de bienes y «todo otro dato patrimonial, tributario o de ingresos» que figure en las bases del organismo.
También requirió reconstruir las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, incluyendo fecha, monto, entidad interviniente, destino declarado —ahorro, tenencia, turismo u otro— y el resultado de la validación efectuada por el organismo.
La Fiscalía pidió además a los registros de la propiedad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires que informen todos los inmuebles que hayan estado a nombre de Adorni y Angeletti durante el período investigado, con fechas de adquisición y transferencia, porcentaje de titularidad, gravámenes y datos de las escrituras. A la DNRPA se le solicitó información sobre automotores y motovehículos registrados, con dominio, marca, modelo, año, fechas de alta y baja y prendas. La IGJ y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas deberán informar si alguno de los dos integró sociedades, asociaciones o fundaciones como socio, accionista, integrante de órganos de administración o fiscalización o apoderado. También se pidió a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires que informen si estuvieron matriculados, sus títulos, números y fechas de matriculación y eventuales suspensiones o bajas.
En relación con las criptomonedas, la defensa explicó que Adorni habría operado con ocho direcciones de bitcoin entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018, y que la liquidación de esas tenencias le habría permitido obtener USD 591.544,61. Esas operaciones serían, según la defensa, el origen de los USD 565.000 en efectivo en el país declarados en la Declaración Jurada Inicial 2023 —Rectificativa 1— bajo el rubro «venta de activos». La defensa presentó un informe técnico de análisis forense on-chain y documentación notarial para acreditar que esas ocho direcciones pertenecían a Adorni.
Para comprobarlo, Pollicita pidió que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, concurra a la Fiscalía acompañado por el perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de las ocho direcciones. El especialista de la defensa deberá ingresar a las cuentas mediante una billetera de administración, como Sparrow o Electrum, y utilizar la función de firma o verificación de mensajes. Según el escrito, deberá consignar en cada una de las ocho direcciones un mensaje que será entregado por la Fiscalía en ese momento. Luego intervendrá personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina, que realizará una «verificación criptográfica» para comprobar si las firmas obtenidas corresponden efectivamente a las direcciones de bitcoin investigadas.
El procedimiento será registrado y, según estableció Pollicita, deberán preservarse las claves privadas, a las que solamente tendrá acceso la defensa técnica. El fiscal pidió autorización judicial para realizar esta diligencia debido a la naturaleza de la prueba y «en miras de evitar eventuales planteos».