Dieciocho magistrados de Garantías y de Ejecución Penal de todas las circunscripciones de Corrientes presentaron un reclamo ante el presidente saliente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan, para solicitar la equiparación presupuestaria y salarial con los jueces de Tribunal Oral y de Revisión. El escrito, ingresado tras dos presentaciones previas sin respuesta, expone argumentos técnicos sobre el nuevo sistema penal y cuestionamientos a los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Un grupo de 18 jueces de Garantías y de Ejecución Penal de todas las circunscripciones de Corrientes formalizó un reclamo ante el presidente saliente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan, para solicitar la equiparación presupuestaria y salarial con los magistrados de los tribunales de Juicio y de Revisión. El planteo fue ingresado luego de dos presentaciones previas realizadas en mayo de 2025 y febrero de 2026 que no obtuvieron respuesta.
El documento lleva las firmas digitales de los magistrados María Josefina González Cabañas, Andrea María Ibáñez, María Amelia Zair Nicolás, Rosa Elizabeth Ascona, María Cristina Sánchez, María Agostina Falcione, Sara Marina Durand, Mirta Elena Aguirrí, Néstor Óscar Anocibar, Lucio Raúl López Lecube, Francisco Antonio Arrúe, Simy Beatriz Benasayag, Leandro Damián Llorente, Silvia Erika Benítez, Carlos Antonio Balestra, María Teresa Zacarías, Jorge Gustavo Vallejos y Martín José Vega. Solicitan que el máximo Tribunal provincial disponga una adecuación provisoria de categorías hasta tanto la Legislatura actualice las leyes orgánicas del sector.
El desfase escalafonario
El eje central del planteo es la desigualdad salarial interna dentro del fuero Penal, pese a la puesta en marcha de la Ley Provincial 6.518, que instauró el modelo procesal acusatorio. Según los magistrados, el Código vigente colocó a todos los jueces penales en un plano de horizontalidad e igualdad funcional, dejando únicamente a la Cámara de Casación como segunda instancia revisora.
Sin embargo, el escalafón judicial mantiene la estructura previa a la reforma. En la práctica, los jueces de Tribunal Oral y de Revisión perciben haberes correspondientes a la clase 103, mientras que los jueces de Garantías y de Ejecución permanecen en la clase 107, el anteúltimo peldaño de la magistratura correntina, apenas por encima de los jueces de Paz.
Los firmantes señalan que esa brecha resulta incompatible con la carga de trabajo que absorben. De acuerdo con estadísticas oficiales citadas en el escrito, el 80 por ciento de los legajos penales de la Provincia se cierra durante la etapa preparatoria, bajo la intervención directa de los jueces de Garantías, quienes dictan condenas o absoluciones mediante juicios abreviados y unifican penas. A esa tarea suman la obligación de cubrir guardias permanentes durante todo el año en días feriados y horarios nocturnos, donde las demoras para firmar una resolución se contabilizan en minutos bajo apercibimiento de sanciones, a diferencia de otros fueros donde los expedientes pueden demorar más de un año.
Cuestionamientos a los otros poderes
El tramo de la presentación que apunta a la dirigencia política y la mora parlamentaria indica que los jueces califican de incongruente, contradictorio y abusivo que se les exija aplicar un código procesal moderno mientras sus remuneraciones continúan regidas por una ley salarial sancionada en 1984. Asimismo, reprochan que la Legislatura lleva más de seis años sin tratar la postergada ley orgánica de administración de justicia.
En el texto, los magistrados contrastan sus exigencias laborales con las prerrogativas de los otros poderes del Estado, a los que cuestionan por no estar sometidos a inspecciones, nombrar asesores sin controles horarios y contar con la facultad de aumentarse las dietas o los sueldos en pocas horas mediante una sesión parlamentaria o la firma de un decreto. En ese pasaje, los jueces afirman que llegó el momento de decir «basta» y alzar la voz para visibilizar la situación, tras invitar a cualquier colega que no trabaje bajo el régimen de guardia permanente a compartir un solo turno junto a ellos para dimensionar el desgaste de la función.
Una reforma procesal que no cambió el escalafón
La disputa expuesta por los jueces de Garantías tiene su origen en la transformación del sistema Penal correntino iniciada en 2020, cuando la Provincia dejó atrás de forma gradual el antiguo régimen mixto e inquisitivo para adoptar el modelo acusatorio adversarial. Aquel cambio suprimió los históricos juzgados de Instrucción y Correccionales, traspasó la dirección de las investigaciones a los fiscales y convirtió a los jueces de Garantías en árbitros de audiencias orales continuas donde se define la libertad de los detenidos, la validez de las pruebas y la mayoría de las sentencias abreviadas.
Aunque el nuevo diseño aceleró los tiempos de respuesta penal y descomprimió la agenda de los antiguos tribunales de juicio, la ingeniería presupuestaria y administrativa del Poder Judicial quedó congelada en el esquema anterior.
El reclamo de los 18 magistrados se produce en un momento político sensible, cuando la Legislatura correntina se apresta a debatir el Presupuesto 2027, donde el Poder Judicial tiene asignada una partida global de 259.666 millones de pesos sujeta a las disponibilidades del Tesoro provincial.