En un contexto de preocupación social en Goya, los diputados provinciales Cecilia Gortari, Emiliano Fernández y Gustavo Canteros impulsaron un proyecto de ley para paliar la situación de los 240 trabajadores desvinculados de la hilandería Emilio Alal. La iniciativa propone la creación de un régimen extraordinario de asistencia económica transitoria, un beneficio que consistiría en el pago mensual de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) durante un trimestre.
El mecanismo de implementación prevé que los fondos sean liquidados de manera directa a los afectados a través de las sucursales del Banco de Corrientes. Como antecedente directo, los legisladores citaron la ayuda económica que la Provincia brindó el año pasado a los operarios de la empresa forestadora Tapebicuá, en Gobernador Virasoro.
UN ESQUEMA ACTUALIZADO
La diputada Gortari explicó que, si bien en agosto de 2025 se otorgó un subsidio de 250.000 pesos en el caso de Virasoro, la dinámica inflacionaria de los últimos siete meses erosionó el poder adquisitivo de aquel monto. Por este motivo, el nuevo proyecto establece que la asistencia sea equivalente al SMVM vigente al momento de cada liquidación, a fin de asegurar que el beneficio no pierda valor frente al incremento del costo de vida.
Respecto de la viabilidad financiera, Gortari detalló que el impacto fiscal para asistir a las familias goyanas representa una proporción mínima del Presupuesto provincial. La legisladora precisó que la erogación puede cubrirse mediante las readecuaciones que la Ley 5.571 de Administración Financiera autoriza al Poder Ejecutivo, sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.
PEDIDO DE URGENCIA LEGISLATIVA
Por su parte, los diputados Fernández y Canteros instaron a sus pares a dar un tratamiento expedito a la propuesta en las comisiones de la Cámara de Diputados. Sostuvieron que el objetivo primordial es ofrecer contención durante el difícil período de transición laboral y evitar que una crisis empresarial puntual se transforme en un deterioro social mayor para la comunidad, al tiempo que remarcaron que “los trabajadores afectados no pueden seguir esperando”.