Tras la histórica audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación celebrada el pasado lunes 16, el Gobierno provincial ratificó públicamente los reclamos y profundizó su estrategia técnica para revertir lo que considera una discriminación sistemática en materia energética.
El interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Pablo Cuenca, se refirió al proceso judicial que encabeza el gobernador Juan Pablo Valdés junto al fiscal de Estado, Horacio Ortega y un equipo técnico especializado, respecto de la diferencia en el pago de regalías eléctricas, un conflicto que escaló en 2021 y que ahora aguarda una resolución del máximo tribunal del país.
“Estamos planteando que hay una diferencia en lo que se le paga a Corrientes comparado con lo que reciben otras provincias productoras como Entre Ríos y Neuquén. Es una disputa que surgió en 2021 y esta es nuestra postura”, explicó el funcionario al analizar el escenario judicial actual.
Respecto de las pretensiones concretas de la Provincia en este litigio, el Interventor de la DPEC fue taxativo al señalar que la meta es la equiparación de condiciones con otros distritos generadores: “Buscamos que la Nación reconozca esa diferencia y nos equipare. El derecho es el mismo para cualquier provincia productora, pero cuestionamos el método de cálculo porque el resultado genera una diferencia de pago efectivo que llegó a estar por encima del 30 por ciento”, subrayó.
Esta asimetría económica, según el planteo correntino, vulnera el dominio originario de los recursos naturales establecido en la Constitución Nacional. Si bien Cuenca evitó brindar proyecciones de cifras mensuales para no generar expectativas desmedidas, manifestó su optimismo tras la audiencia previa: “Esperamos que la Corte resuelva pronto. Entre los cuadros técnicos de Nación y Provincia se puede arribar a un mejor acuerdo que lo que decida la Justicia”, se esperanzó.
REGALÍAS EN ESPECIE
El conflicto tiene sus raíces en una demanda interpuesta por el Estado provincial contra el Ejecutivo nacional y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). La Corte Suprema, al declararse competente, reconoció la validez del reclamo sobre las denominadas “regalías en especie”, un punto clave donde Corrientes exige que se aplique el precio medio monómico del Mercado Eléctrico Mayorista para terminar con el trato diferencial.
POR UN VERDADERO FEDERALISMO
El gobernador Juan Pablo Valdés, quien participó personalmente de la primera convocatoria en la sede judicial porteña, ya fijó una postura institucional clara respecto de la protección del patrimonio provincial. Tras ese encuentro, se acordó una nueva instancia técnica para el próximo 22 de abril, donde se buscará desglosar la metodología que hoy perjudica a las arcas correntinas mientras se utilizan sus recursos para subsidiar el consumo en otras áreas del país.
VALORES DE LAS TARIFAS
Otro de los ejes centrales abordados por Cuenca fue el costo del servicio en la provincia. El funcionario desmintió que Corrientes posea la tarifa más elevada de la Argentina y, para ello, se remitió a datos de rigor académico. “La opinión que emitimos es en base a la información técnica: de ninguna manera es la más cara. Recibí recientemente el último informe de la UBA (Universidad de Buenos Aires) junto con el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) sobre servicios públicos en todo el país y nosotros estamos por debajo de la línea del promedio”, aseguró.
Para el Interventor de la DPEC, existe una percepción subjetiva del usuario que no se condice con la realidad estadística nacional. “Existe una sensación en cada usuario de cualquier provincia de que pagan la tarifa más cara, lo cual es lógico, pero estamos lejos de serlo; estamos por debajo de la mitad”, afirmó, al contextualizar el impacto de la inflación y la reconfiguración de los cuadros tarifarios dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación.
CONTENCIÓN SOCIAL
En relación con la reducción de subsidios nacionales, Cuenca detalló el esfuerzo financiero que realiza la administración local para morigerar el impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Si bien desde el 1 de febrero rige un nuevo esquema nacional que simplificó las categorías de usuarios, pero Corrientes decidió no aplicarlo de forma inmediata. “En la provincia de Corrientes no se aplicó por una decisión de política pública del gobernador Juan Pablo Valdés”, destacó.
El funcionario aclaró que, durante los meses de mayor temperatura, se optó por no trasladar el nuevo precio de la energía. “Esa decisión política la absorbe el Estado provincial, lo que representa aproximadamente 2.500 millones de pesos por mes en la factura de Cammesa”, reveló Cuenca, modo mediante el que describió el volumen de recursos que destinó el Tesoro provincial para evitar saltos bruscos en las boletas durante el pico de consumo estival.