En medio de restricciones presupuestarias, el Ministerio de Hacienda propuso postergar un mes el incremento del 6%. La mayoría de los jueces consideró válida la propuesta, aunque luego surgieron desacuerdos internos en el tribunal.
El Ministro de Hacienda se reunió con los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes para comunicar la imposibilidad de otorgar un aumento salarial del 6% en el momento previsto, argumentando una caída sistemática en la recaudación y para evitar un efecto espejo en el resto de los empleados públicos. El Gobierno propuso diferir el incremento por un mes, sugiriendo que a partir de mayo el porcentaje podría ser mayor y extensivo a los otros poderes del Estado.
Los ministros del Superior Tribunal Panseri, Niz y Rey Vázquez consideraron inicialmente válida y superadora la propuesta gubernamental. El Gobierno tomó nota de esta decisión mayoritaria. Sin embargo, posteriormente, el presidente del Tribunal, Guillermo Semhan, logró sumar la firma del juez Rey Vázquez a una nota que insistía en la aplicación inmediata del aumento, generando sorpresa en el Ejecutivo.
El Gobierno mantuvo su posición de no cargar el aumento en el sistema de pagos (Sisper), aunque evitó una polémica pública. Paralelamente, se conoció que el presidente del Tribunal, Guillermo Semhan, autorizó una refacción de su despacho por 47 millones de pesos sin la previa conformidad de sus pares. Semhan defendió la medida argumentando disponibilidad presupuestaria, pero el Gobernador Juan Pablo contrarrestó señalando que, según las proyecciones, habrá limitaciones financieras a futuro.
Desde el Ejecutivo también se indicó que el Superior Tribunal debe prever los mayores gastos que supondrá cubrir los cargos creados y aún no habilitados con la implementación del nuevo código procesal, lo que añadiría un porcentaje importante al presupuesto actual.
El debate se enmarca en un contexto de severas limitaciones presupuestarias que afectan a todas las jurisdicciones. La opinión pública y el resto de los empleados provinciales observan de cerca la situación, considerando que los magistrados ya cuentan con salarios y beneficios, como días de vacaciones, superiores a los del resto de la administración pública.
El Gobierno tiene presente que acceder al reclamo de un sector de la Justicia lo pondría en una situación compleja frente a otros gremios estatales, como docentes, policías y agentes de salud, que integran la mayoría de los 92.000 empleados públicos provinciales. En sus últimas declaraciones, el Gobernador instruyó a su ministro para mantener la posición firme, marcando los límites del diálogo en esta negociación.