La iniciativa, presentada por el ministro Federico Sturzenegger, propone cambios en la autonomía societaria, digitalización de trámites, creación de nuevas figuras empresariales y mecanismos de resolución de conflictos.
El Gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades. La iniciativa fue presentada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La propuesta introduce modificaciones en el régimen que regula la constitución, organización y funcionamiento de las sociedades comerciales en la Argentina e incorpora cambios vinculados a la autonomía societaria, la digitalización de procedimientos, la resolución de conflictos y la creación de nuevas figuras empresariales.
Entre los principales puntos del proyecto se encuentran la modificación del carácter de las normas de la ley, que pasarían a ser de aplicación supletoria; la ampliación de las posibilidades vinculadas al objeto social de las empresas; la incorporación de mecanismos de digitalización integral para trámites societarios; la habilitación de cláusulas arbitrales y de la aplicación de derecho extranjero en determinados conflictos internos; y la creación de las figuras de Sociedad Automatizada y Organización Autónoma Descentralizada (DAO).
Asimismo, la iniciativa contempla la incorporación de instrumentos de inversión convertibles, la renovación automática del plazo de duración de las sociedades, cambios en los mandatos de directores y síndicos y la simplificación de procesos de reorganización empresaria. Tras su presentación pública, el proyecto deberá iniciar su tratamiento en el Congreso de la Nación.
El proyecto establece que los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten aquello que la ley permita expresamente. Al presentar la iniciativa, Sturzenegger afirmó que la iniciativa «termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios» y que «las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda».
La propuesta también modifica las reglas vinculadas al objeto social de las compañías. El texto prevé que el objeto social pueda ser amplio y abarcar múltiples actividades, sin obligación de conexidad entre ellas. Cuando el estatuto no consigne un objeto social específico, se entenderá que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita.
El proyecto incorpora la digitalización de distintos procedimientos societarios, incluyendo domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica y un legajo digital público para cada empresa.
La iniciativa también incorpora dos nuevas figuras societarias: la Sociedad Automatizada, que opera mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario, y las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), con participaciones tokenizadas y registros basados en tecnología blockchain. Ambas contarán con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.
Durante la exposición del proyecto, Sturzenegger utilizó el caso de Irlanda como referencia para explicar el objetivo de atraer empresas vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA) y sostuvo: «Pretendemos esa misma atracción global para la Argentina en lo que hace a las empresas de IA. Esta ley, pensamos, lo lograría».
La propuesta también incorpora instrumentos de inversión convertibles, que permiten realizar aportes de capital sin adquirir inicialmente la condición de socio ni asumir responsabilidad por las deudas de la sociedad hasta el ejercicio de determinados derechos de participación.
Entre las disposiciones incluidas en el proyecto se encuentra la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional, así como la habilitación de cláusulas arbitrales en los estatutos para la resolución de controversias.