El Ministerio de Capital Humano confirmó que hará controles aleatorios en todo el país para verificar que se cumpla el 75% de las clases previsto por la Ley 27.802, durante la huelga convocada por Ctera. Además, advirtieron que, de detectar incumplimientos, aplicarán sanciones a los responsables.
De cara al paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), previsto para este lunes, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que durante la jornada llevará adelante un operativo de inspección muestral en escuelas de todo el país.
Con la implementación de esta medida, se busca verificar que las entidades gremiales que adhieran a la huelga garanticen el 75 por ciento de la prestación habitual del servicio educativo, tal como lo exige la Ley Nº 27.802 de Modernización Laboral.
La decisión fue oficializada a través de un comunicado conjunto de las secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el que se recordó la plena vigencia de la norma, la cual establece a la educación como servicio esencial. El artículo 101 de esa ley dispone la obligación de asegurar una cobertura mínima del 75 por ciento durante las medidas de acción directa, con el objetivo de evitar la interrupción total de las actividades y resguardar el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles.
Según indicaron desde el Gobierno nacional, el control se enmarca en las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y consistirá en una supervisión aleatoria en establecimientos educativos de distintas jurisdicciones. Ante una eventual constatación de incumplimientos, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, advirtió que se activarán los protocolos correspondientes para aplicar sanciones tanto a los gremios como a los responsables.
Los reclamos sindicales y su relación con el Gobierno
El paro docente se da en medio del conflicto entre Ctera y el Gobierno nacional por la falta de convocatoria a la paritaria nacional y los reclamos salariales del sector.
El gremio exige la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una nueva ley de financiamiento educativo. Además, rechaza una eventual reforma jubilatoria y el proyecto de ley de libertad educativa, al tiempo que pide mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas y conectividad.
Por su parte, los sindicatos docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) optaron por un esquema de medidas sin huelga, con trabajo a reglamento, actividades informativas sobre la situación educativa y una movilización cuya fecha y trayecto se definirán entre el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación.
En Corrientes, el único gremio que adhirió públicamente a la medida de fuerza fue el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), mientras que la amplia mayoría del arco gremial provincial mantiene una postura dialoguista.
Con la inspección anunciada para el lunes, el Gobierno nacional buscará determinar el nivel real de adhesión al paro en las aulas de todo el país y establecer, a partir de los resultados obtenidos, si corresponde avanzar con sanciones contra las entidades sindicales que no garanticen el piso de funcionamiento previsto por la ley vigente.
Alcances de la Ley de Modernización Laboral
La Ley 27.802 forma parte del paquete de reformas impulsado por el Gobierno nacional en materia laboral, y su inclusión de la educación dentro del listado de servicios esenciales generó un fuerte rechazo del sector gremial docente desde su sanción.
La norma faculta al Poder Ejecutivo a fijar servicios mínimos ante medidas de fuerza en actividades consideradas esenciales, con el objetivo declarado de equilibrar el derecho de huelga con la continuidad de las prestaciones básicas a la ciudadanía.
Un rol subsidiario de las jurisdicciones
El Ministerio de Capital Humano remarcó que la gestión cotidiana de las escuelas constituye una responsabilidad primaria de las jurisdicciones provinciales, aunque sostuvo que el Gobierno nacional actúa como garante del derecho a la educación en el marco de las atribuciones que la Constitución fija para cada nivel del Estado.
Por ese motivo, la cartera nacional exhortó a todos los agentes del sistema educativo a «priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad, con el fin de brindar previsibilidad a las familias argentinas», según se detalló a través del comunicado oficial.