La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación tomó declaración a la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, en el marco del artículo 20 del Reglamento de Disciplina. La audiencia se realizó de manera remota y convocó a una movilización de trabajadores judiciales.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación llevó a cabo este miércoles 26 la audiencia prevista en el artículo 20 del Reglamento de Disciplina a la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. La magistrada brindó su descargo de manera remota ante los consejeros en el edificio de la calle Libertad 731, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La citación, resuelta a mediados de julio, constituye el paso previo para que la Comisión evalúe si existen elementos suficientes para elaborar un dictamen de acusación formal. De prosperar, la causa se elevará al Plenario del Consejo para resolver la apertura del procedimiento de remoción (Jury de Enjuiciamiento) y la eventual suspensión en el cargo de la funcionaria.
El acto fue presidido por el titular de la Comisión, Alberto Maques, acompañado por el secretario Andrés Leandro García y el consejero Hugo Galderisi. Durante la sesión, transmitida por los canales institucionales del organismo, Pozzer Penzo respondió a las formulaciones de los consejeros en el marco del expediente principal N° 164/2023, iniciado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), al que se le adosaron los expedientes acumulados N° 19/2024 (remitido por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes) y N° 37/2024 (derivado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia).
Las actuaciones que involucran a Pozzer Penzo incluyen denuncias de maltrato laboral e irregularidades en la gestión de su fuero. Los expedientes contienen testimonios de empleados y funcionarios judiciales que señalaron episodios de abuso de autoridad, violencia verbal, hostigamiento y sobrecarga arbitraria de tareas, factores que derivaron en reiteradas licencias médicas dentro de la sede judicial. Tanto la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes como el Tribunal Oral Federal de la Capital provincial remitieron copias de actuaciones donde se advierten anomalías procedimentales y un clima de tensión laboral que afectaría el normal funcionamiento del servicio de justicia en la jurisdicción del sur provincial.
Tras la culminación de la audiencia del artículo 20, la Comisión de Acusación iniciará la etapa de evaluación de las pruebas recolectadas, los testimonios obrantes en la causa y los argumentos expuestos por la magistrada para elaborar el borrador de dictamen que definirá el futuro de la causa disciplinaria.
Alrededor de 500 trabajadores y delegados de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación se movilizaron hacia la sede porteña del Consejo de la Magistratura para visibilizar el reclamo contra la jueza Cristina Pozzer Penzo y pedir su juzgamiento. La jornada incluyó una manifestación encabezada por la cúpula nacional del gremio, que cuestionó la modalidad virtual mediante la cual la magistrada ejerció su derecho a defensa. Desde el sindicato señalaron que, mientras Pozzer Penzo y su patrocinio legal exigieron en reiteradas oportunidades la presencialidad estricta y recurrieron a maniobras dilatorias cuando debían declarar las víctimas de abuso laboral, la funcionaria eligió declarar de manera remota.
El comunicado firmado por el secretario general nacional, Julio Piumato; la secretaria de la Regional 15, Verónica Pérez Zuazquita; y la secretaria del Ministerio Público Fiscal, Rocío Herrera, sostuvo: “La contradicción es evidente: cuando quienes denunciaron debían declarar, la presencialidad, la participación de su defensa y las garantías procesales eran invocadas como razones para postergar las audiencias. Ahora, cuando es ella quien debe responder ante el organismo encargado de controlar su conducta, elige la comodidad de la virtualidad”.
Los manifestantes de la delegación Corrientes y de distintos juzgados del país marcharon para respaldar al personal del Juzgado Federal de Goya y exigir al Consejo de la Magistratura celeridad en la resolución del expediente, bajo la premisa de que “la Justicia no puede medir con una vara a los trabajadores y con otra a los magistrados”.