El presidente del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor dialogó con EL LIBERTADOR sobre el código de implementación de los derechos de los consumidores, la aplicación práctica de la ley y los reclamos más frecuentes en la actualidad.
En la Argentina, la teoría jurídica vinculada al consumo cuenta con un marco normativo que incluye la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial de la Nación. No obstante, la aplicación efectiva de esas normas en el ámbito cotidiano constituye el principal desafío, según señaló Carlos Alfredo Hernández, presidente del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, en una entrevista con EL LIBERTADOR.
Hernández participó recientemente de un encuentro institucional con académicos, legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, donde se comenzó a debatir un código de implementación de los derechos de los consumidores. Al respecto, explicó: “De lo que se trata con este código de implementación es, precisamente, de modernizar esos instrumentos”.
El especialista subrayó la importancia de una iniciativa provincial en Corrientes: “Un código de implementación provincial es sumamente importante porque habla de la eficacia del derecho del consumidor. No se trata únicamente de ampliar los derechos sustanciales, sino de ponerlos en marcha”. Añadió que, de materializarse el proyecto, la provincia “se colocará a la vanguardia del derecho del consumidor en el país”.
Hernández detalló que los derechos de los consumidores están reconocidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que incluye el derecho a la información, a la seguridad y a un trato digno. “Estos derechos no son solamente de carácter económico; también abarcan dimensiones extrapatrimoniales cruciales”, afirmó.
En relación con el sobreendeudamiento de las familias, el entrevistado sostuvo que, a pesar de no existir una normativa específica, “muchos de los temas que hoy denuncian los consumidores están vinculados con derechos consagrados en la propia Constitución Nacional”. Por lo tanto, consideró que los sobreendeudados “pueden y deben aplicar el sistema de protección del consumidor”.
Según las estadísticas de denuncias relevadas por autoridades nacionales y locales, los reclamos más frecuentes incluyen la falta de información adecuada, la imposibilidad de canalizar quejas, el incumplimiento de contratos y la calidad deficiente de los bienes. Hernández agregó que en la actualidad se suman los problemas vinculados a los entornos digitales y al sobreendeudamiento.