El presidente Javier Milei ordenó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar contra el Reino Unido por el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La decisión fue comunicada este lunes mediante un comunicado de la Oficina del Presidente y un mensaje del mandatario en la red social X.
El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) contra el Reino Unido. El objetivo es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte a través del proyecto Sea Lion. La decisión fue comunicada este lunes mediante un comunicado de la Oficina del Presidente y un mensaje del mandatario en la red social X.
El texto oficial señala que el Reino Unido realiza un «accionar ilegítimo» en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El arbitraje también busca que Londres se abstenga de adoptar cualquier medida que agrave la situación, en particular el otorgamiento de nuevos permisos de explotación sobre recursos existentes en la Plataforma Continental Argentina.
Plazo de dos semanas
La Argentina intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos. Si Londres no cumple, el Gobierno solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos soberanos sobre la Plataforma Continental.
«Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar», escribió Milei en X, donde calificó la situación como un «saqueo ilegal» de recursos y cerró con la frase «Las Malvinas son argentinas».
Resoluciones de la ONU
El comunicado recuerda que la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países e instó a resolverla mediante negociaciones. Menciona también la Resolución 31/49, que pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras continúe el proceso. Según el Gobierno, la explotación unilateral de los recursos produce un «perjuicio irreversible e irreparable» a los derechos de soberanía argentinos.
Rechazo a la respuesta británica
El documento expresa además el rechazo «categórico» de la Argentina a la respuesta del Reino Unido frente a la declaración que Milei pronunció ante la Asamblea General de la ONU. Sostiene que la denominación de las Malvinas como «Territorio Británico de Ultramar» y el referéndum de 2013, no reconocido internacionalmente, no alteran la existencia ni el objeto de la controversia reconocida por Naciones Unidas.
Denuncia contra Thales UK Limited
El comunicado informa que se detectaron operaciones de la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea Islas Malvinas–Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas. Por ese motivo, Milei ordenó iniciar de forma urgente los procedimientos sancionatorios, las denuncias penales y las gestiones diplomáticas correspondientes.
El texto concluye que el país «no se quedará de brazos cruzados» y que utilizará todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas disponibles.
Qué es Sea Lion
El proyecto Sea Lion se ubica en la cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas. Está encabezado por Navitas Petroleum, de origen israelí, que tiene el 65 por ciento y opera el yacimiento, mientras que la británica Rockhopper Exploration conserva el 35 por ciento restante.
Ambas empresas adoptaron la Decisión Final de Inversión para las fases 1 y 2 del Área Norte en diciembre de 2025, con un desembolso estimado de entre 1.800 y 2.100 millones de dólares hasta el primer petróleo. A septiembre de 2026, el proyecto todavía no tiene producción comercial. El cronograma empresario prevé trabajos desde 2027 y el inicio de la producción en 2028.
A comienzos de este mes, el Gobierno argentino expresó su más enérgico rechazo a la decisión de inversión anunciada por las empresas. El 16 de septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto, tras una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y de una asociación de abogados ambientalistas.