María Marta Batalla, de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, sostuvo que el delito rural se transformó en crimen organizado y reclamó más recursos para la Policía Rural y fiscalías especializadas.
La dirigente rural María Marta Batalla, de Paso de los Libres, afirmó que el abigeato en Corrientes dejó de ser un robo ocasional para convertirse en crimen organizado y que en la provincia hay más de 400.000 hectáreas ganaderas desocupadas, muchas en zonas de frontera. Batalla, productora en Bonpland e integrante de la comisión de Seguridad Rural de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, declaró: «Se convirtió el delito rural en un crimen organizado. Esto está perpetrado por bandas que tienen gran infraestructura, tienen tecnología, tienen equipamientos».
La dirigente sostuvo que la situación no se limita a personas que roban para comer. Mencionó que en enero se conoció en La Cruz un caso que involucra entre 250 y 300 cabezas y afirmó que cada semana se registran episodios con decenas de animales desaparecidos. «En una o dos oportunidades tuvimos casos de más de 20 animales faenados en una noche», aseguró. También consideró necesario investigar a quienes reciben los animales robados: «Hay muchos actores involucrados». Sobre las consecuencias, expuso: «Los productores han dejado, abandonado literalmente los establecimientos por el flagelo del abigeato».
Batalla reconoció el trabajo de la Policía Rural (Priar) pero remarcó que sus efectivos operan con recursos escasos. Como ejemplo, recordó un procedimiento en el que los agentes, sin señal de celular, debieron pedir el wifi de una propiedad para comunicarse con el juzgado. Según planteó, las respuestas a los pedidos de los productores llegan a cuentagotas.
Además, detalló que la Ley provincial 5.691 contempla 11 fiscalías rurales, pero solo cinco funcionan; la de la circunscripción de Paso de los Libres y General San Martín está en concurso. Desde el Consejo de la Magistratura se convocó con urgencia a cubrir el cargo de fiscal Rural y Ambiental con asiento en esa ciudad. «El delito rural es muy característico y muy particular, entonces nosotros consideramos que debe gestionarse a través de un fiscal rural», planteó.
Asimismo, cuestionó decisiones judiciales. «En el caso de las 40 cabezas recuperadas, el Fiscal de Mercedes pidió la prisión de los involucrados, pero un juzgado de revisión les concedió prisión domiciliaria», señaló. «Sentimos que siempre, lamentablemente, la Justicia es muy laxa y flexible para el que delinque», agregó.
El planteo encuentra eco en casos publicados por EL LIBERTADOR. El 1 de septiembre, se informó de la faena de ocho vacunos en Cuay Grande, cerca de Santo Tomé, a metros de un destacamento de Prefectura desmantelado meses atrás; el 3 de septiembre, la prisión preventiva de 180 días para dos paraguayos acusados de integrar una banda transfronteriza; el 5 de septiembre, la detención de dos hombres en Esquina con carne recién faenada; y el 16 de septiembre, un allanamiento en Colonia San Antonio. Posteriormente, el 22 de septiembre, productores del paraje Rincón de Vences, en Lomas de Vallejos (departamento General Paz), denunciaron que el abigeato volvió «imposible» sostener la actividad.
El 5 de septiembre, EL LIBERTADOR dio cuenta de un acuerdo con Brasil para custodiar la costa del río Uruguay, diseñado por el comisario general Gerardo Torres, director general de Seguridad Rural y Ecológica. Ese día también reflejó el malestar de los ruralistas con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
El problema excede a la faena: también hay robos en viviendas rurales, sustracción de productos veterinarios y vandalismo. «Ya no es solo faena de animales, hay inseguridad en general», remarcó Batalla. En una provincia donde producir ya implica enfrentar garrapatas, tristeza bovina, sequías e inundaciones, la inseguridad suma otra presión. «Hay generaciones que ven a sus padres luchar contra esto y claramente nadie elige quedarse donde todos los días tenés un problema», advirtió la dirigente rural.