El Gobierno reclamó al Senado de la Nación que avance con los ascensos militares pendientes de la Fuerza Aérea, demorados en comisión por estar vinculados a militares con parentesco con condenados por crímenes de lesa humanidad. El oficialismo enfrenta así la posibilidad de que, si logra que sean aprobados, la oposición utilice el precedente para presionar sobre iniciativas que el Gobierno rechaza, como las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.
Se trata de un pedido formal que la administración de Javier Milei envió al Senado en diciembre de 2024. La nota, firmada por el Presidente y el ministro de Defensa Luis Petri, solicita “el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2018 al Personal Militar Superior de la Armada Argentina”.
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Las solicitudes para ascender a militares del Ejército y la Armada fueron dictaminadas por la Comisión de Acuerdos en abril de este año. Sin embargo, quedaron sin tratar los pliegos de 15 coroneles de la Fuerza Aérea debido a observaciones sobre algunos nombres.
Los ascensos militares de los coroneles fueron frenados durante el gobierno de Cristina Kirchner por ser parientes de represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La mayoría de los expedientes datan del 2010, cuando la entonces titular de la cartera de Defensa, Nilda Garré pasó a retiro a decenas de militares de alto rango por ser hijos o sobrinos de represores o personas vinculadas al terrorismo de Estado.
En la nota presentada el año pasado, el Gobierno sostiene que “no se hallan antecedentes que vinculen al Personal Militar precedentemente citado con causas por violaciones a los Derechos Humanos y/o contra el Orden Constitucional”, según información de la ex Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia.
Los tenientes coroneles involucrados son: Guillermo Alejandro Saá, Jorge Luis Toccalino, Ricardo Horacio Muñoz, Ramón Centeno de la Vega, Francisco Javier Canevaro, Marcelo Ramón Borzone, Mario Alejandro Díaz, Justo Rojas Alcorta, Edgardo Calvi, Gustavo Cattáneo, Julio Balloffet, Oscar Faisal, Marcelo Huergo, Pedro Tagni y Antonio Agustín Duarte.
El pedido oficial busca que a estos efectivos retirados se les reconozca el grado de coronel de forma retroactiva al 31 de diciembre de 2018, al considerar que “reúnen las condiciones exigidas por la ley”.
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El cuestionamiento de la supervisión de organismos de derechos humanos en ascensos militares
La discusión de estos pliegos en la Comisión de Acuerdos, presidida por la larretista Guadalupe Tagliaferri, tuvo un punto de tensión en noviembre pasado. Antes de aprobarse los ascensos del Ejército y la Armada, el senador salteño Juan Carlos Romero, peronista disidente y aliado de La Libertad Avanza, criticó el rol del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al preguntar: “¿Hay alguna norma o alguna obligación que nos mande a consultarle a ese organismo de activismo político de extrema izquierda?”.
Tagliaferri respondió que “no hay nada negativo en saber si hay o no alguna acusación o están dentro de alguna causa que tenga que ver con lesa humanidad”, pero aclaró que el CELS dejó de remitir información sobre militares con DNI superior a 17 millones, lo que abarca los ascensos que actualmente se evalúan.
En ese contexto, Romero propuso eliminar la supervisión de organismos de derechos humanos en el proceso de ascensos militares, argumentando: “Si no, tendríamos que mandarle una nota a la Iglesia Católica, una nota a la Iglesia Musulmana, y notas a todos los organismos de todas las organizaciones intermedias que hay en el país”.
TV/MU