Una investigación policial en Brasil reveló uno de los fraudes más grandes de su historia, afectando a más de 1,5 millones de jubilados y pensionistas.
Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista Patricio De la Barra quien comentó que, “no se trata de una posible estafa: es un fraude comprobado”, al referirse a la llamada Operación Sin Descuento, una investigación que reveló el desvío de al menos 6.800 millones de dólares en perjuicio de jubilados del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).
Según De la Barra, “el esquema se montó en 2016 durante la presidencia de Dilma Rousseff” y continuó durante los gobiernos de Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Se trataba de descuentos automáticos en las pensiones, muchos de ellos aplicados sin consentimiento ni conocimiento de los beneficiarios, quienes en su mayoría son trabajadores rurales con acceso limitado a información y tecnología.
El mecanismo del fraude: descuentos invisibles
Los jubilados recibían sus pagos en efectivo en sucursales bancarias. “Iban a retirar su dinero y encontraban montos menores sin entender porqué”, relató el periodista. A menudo, eran cuotas sindicales o créditos consignados que nunca solicitaron ni recibieron.
“En lugar de 1.200 reales, recibían 1.150, 1.140 o incluso 1.050. No sabían que estaban siendo estafados”, explicó. A raíz de la operación policial, se han presentado ya 495.000 demandas de personas afectadas.
Complicidad institucional y responsabilidades políticas
La red de corrupción no operaba sola. “Hubo complicidad entre sindicatos y funcionarios del INSS”, dijo De la Barra, detallando que empleados del organismo facilitaron los descuentos mediante códigos autorizados, sin que existiera una verificación real de la autorización por parte del jubilado.
Además, el escándalo salpicó a figuras del gobierno. Lula da Silva destituyó al entonces ministro de Previsión Social, Carlos Lupi, y al presidente del INSS, Alejandro Estefanuto. “Carlos Lupi ya había sido separado en 2016 por irregularidades”, recordó el periodista.
¿Quién devolverá el dinero?
Aunque el gobierno ha prometido investigar, “hasta el momento no hay un plan concreto para devolver el dinero”, lamentó De la Barra. Las organizaciones involucradas aún están operativas, aunque recientemente se suspendieron los pagos sindicales, como ya había ocurrido durante el mandato de Bolsonaro.
“El problema es que no hay nadie que diga ‘cometimos un error, vamos a devolver lo que les robaron”, enfatizó.
Un año electoral marcado por el escándalo
El contexto político añade presión. A menos de un año de las elecciones presidenciales, el oficialismo busca evitar un desgaste. Según De la Barra, “no quieren una comisión parlamentaria que exponga responsabilidades porque Lula es el único candidato fuerte de la izquierda”.
Mientras tanto, la oposición exige una investigación profunda y se prepara una comisión mixta entre diputados y senadores. El diputado Nicolás Ferreira estimó que el fraude podría alcanzar los 90.000 millones de reales, equivalentes a 20.000 millones de dólares.
El drama de los más pobres
El caso toca fibras sensibles en Brasil. Las víctimas son, en su mayoría, personas mayores que viven con uno o dos salarios mínimos. “Imaginá lo que es sacarle el 10% a alguien que vive con un salario mínimo”, dijo De la Barra, visiblemente indignado.
“Estamos hablando de bandidos que se aprovecharon de gente humilde, de trabajadores que confiaron en el Estado”, concluyó.