La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público Fiscal, informó que el celular de Emmanuel Kovalivker -accionista de la droguería Suizo Argentina S.A-, no podrá abrirse. El impedimento es tecnológico y sortear la dificultad que representa un celular de esa categoría “podría demandar meses”.
En el marco del expediente a cargo del fiscal federal, Franco Picardi, donde se investiga un presunto entramado de corrupción, el viernes pasado se secuestraron cuatro teléfono celulares. Uno de ellos pertenece a Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería bajo sospecha de haber pagado coimas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La premura de la fiscalía respecto a los dispositivos electrónicos era poder peritarlos reduciendo cualquier posibilidad de eliminación de información o daños en los aparatos.
El primer celular que se abrió fue el Diego Spagnuolo. El mismo fue calificado por los investigadores judiciales como un «teléfono caliente», es decir que estaba funcionando cuando fue sometido a la extracción forense de su contenido. Todo está conservado en un disco que se entregó a la fiscalía.
La observación inicial es que había «información borrada»: no hay detalle si eso refiere a videos, chats, mensajes. Por otro lado, fuentes especializadas en el trabajo indicaron que «no hay tecnología que determine qué se borró».
Después se avanzó con el celular de Emmanuel Kovalivker, uno teléfono marca Samsung de última generación.
Este jueves se informó desde la DATIP a los investigadores, que el celular “no se puede abrir” y “desarrollar la tecnología para lograrlo podría demandar meses”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Para avanzar en las tareas periciales, la DATIP había requerido un nuevo software pero no fue suficiente y ese teléfono, por el momento, quedará en el estado en el que lo entregó el empresario: apago y sin su contraseña.
En función de este escenario, explicaron fuentes judiciales a Clarín, la tecnología con la que se cuenta esa oficina «no es suficiente para abrir esa clase de celular». No se logró, en consecuencia, la extracción forense.
Ahora se avanzará con el dispositivo electrónico que le pertenece a Jonathan Kovalivker, quien entregó un celular marca Iphone de difícil acceso sumado a que no proporcionó la contraseña del mismo.
Un teléfono del Jefe de Seguridad
Según estableció Clarín con fuentes allegadas a la causa, en el expediente paralelo al que instruye el fiscal Picardi y que se concentra en la reconstrucción de un presunto circuito de coimas, se secuestraron dos celulares de Ariel De Vicentis el jefe de Seguridad de Nordelta.
Esos dos dispositivos también están en manos de la DATIP para realizar la correspondiente extracción forense.
Este jueves uno de esos celulares logró abrirse y se realizó la extracción forense.
El juez Sebastián Casanello abrió esta causa bajo la sospecha de que De Vicentis alertó a los hermanosSi bien durante la indagatoria de este lunes el jefe de Seguridad negó la acusación, sólo explicó que pese a estar de vacaciones y en respuesta a su «celo profesional» intervino a través de un grupo de whatsapp, solicitando una copia de la orden de presentación y pidiendo que se constante que los efectivos eran de la Policía de la Ciudad.
Pese a su descargo, el magistrado avanzó con otra medida: secuestró los registros de las cámaras del barrio para reconstruir el recorrido que hizo con su vehículo Jonathan Kovavliker quien recién el lunes se presentó en Comodoro Py para entregar su celular. Eludió los allanamientos y es un punto que busca esclarecer Casanello.
En simultáneo se llevaron los efectivos policiales del barrio, el legajo de Ariel De Vicentis y documentación que podría referir a los ingresos y egresos al barrio durante los últimos días. Todo está bajo estudio.
Las sospechas del caso
Para la fiscalía, existió una presunta estructura de corrupción que podría involucrar a dependencias de la Administración Pública Nacional, en este caso la Agencia Nacional de Discapacidad, pero también al sector privado (droguería Suizo Argentina).
En otras palabras, el objeto procesal de la investigación se concentra -por ahora- en poder dilucidar si existieron pagos indebidos que vinculen al organismo público con la droguería que a su vez, es la principal proveedora de medicamentos de la ANADIS.
¿Qué sospecha la fiscalía? Que la posible estructura pretendía promover ciertos favores a dicha empresa para que comercialice medicamentos, a cambio de sobornos.
Todo comenzó con los audios filtrados de Spagnuolo, director de la ANDIS, donde habla de la existencia de un mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos.
“Existe sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción”, explicaron fuentes judiciales a Clarín a la hora de determinar cuál es el punto de partida de la causa que tiene en vilo al Gobierno.