El Decreto 682/2025 que publicó este lunes el gobierno de Milei en el Boletín Oficial establece retenciones de 0% para productos agrícolas como la soja, el maíz y el trigo, hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se alcance la suma de U$S 7.000 millones de exportaciones.
De acuerdo a distintas estimaciones, el costo fiscal de la medida (lo que deja de recaudar el gobierno en derechos de exportación) equivale a 0,25 % del PBI, o unos U$S 1.600 millones. Esto es equivalente a entre $2,2 y $2,3 billones de pesos, superior al costo de la ley de financiamiento universitario ($1,96 billones) y de la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan hasta fin de año ($ 40 millones) sumadas, de acuerdo a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y de las estimaciones fiscales propio gobierno.
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Así también, el monto que se pierde de recaudar el Estado Nacional por la rebaja de retenciones desde este lunes 22 de septiembre al próximo 31 de octubre sería equivalente al costo fiscal de implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – 3.627.495 millones de pesos, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI, de acuerdo a OPC.
Esta comparación se torna más aberrante al considerar que el mismo día que el gobierno decidió transferirle millones de dólares al campo y en especial a los agroexportadores, también publicó el Decreto 681/2025, mediante el cual dejo suspendida dicha emergencia “hasta que el Congreso determine las fuentes de su financiamiento”, una maniobra para no ejecutar la ley que busca atenuar los terribles efectos del ajuste sobre ese sector.
Asimismo, comparación es insólita si se compara que uno es un gasto anual en discapacidad, mientras la pérdida de recaudación por la rebaja de retenciones es de un mes y una semana. Un ajuste sobre los sectores postergados para transferírselo a los grupos de poder concentrados y las patronales agrarias. La desesperación del Gobierno es por contener la corrida hacia el dólar y calmar los «animos» de los mercados hasta las elecciones del 26 de octubre, que esperan que haya una pronta devaluación. A eso se suman los festejos por los tuits de apoyo del Secretario de Tersoro de Estados Unidos y de la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
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Pero incluso, el gobierno está dispuesto a resignar casi todo el «superávit fiscal» que apuntó en el Presupuesto 2026, que sería del orden del 0,3% del PBI, según las proyecciones de dudosa consistencia.
Si la liquidación de exportaciones de granos alcanza a un total de U$S 7.000 millones como busca el Gobierno, resignaría entre el 0,23% y el 0,26% del PBI en concepto de recaudación fiscal, según los cálculos del Iaraf, (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), con un el costo fiscal de entre U$S 1.460 millones y U$S 1.600 millones.
Si se produjera un 40% de liquidación del stock de maíz y 100% del stock de soja el Gobierno perdería de recaudar alrededor de U$S 1.600 millones, es decir cerca del 0,26% del PBI. En el caso en que se produzca una liquidación de 60% de maíz y 90% de soja, el costo fiscal se acercaría a U$S 1.550 millones, un 0,24% del PBI. Finalmente si se produjera un tercer escenario con un 80% del stock de maíz y 80% del de soja, el costo directo sería del 0,23% del PBI.
El gobierno necesita desesperadamente que entren dólares al país para sostener el esquema cambiario, mientras en tres días el Banco Central vendió la semana pasada unos U$S 1.110 millones en el mercado frente a la fuerte demanda de dólares. Lo hace a costa de desfinanciar áreas críticas como la salud, la educación, la previsión social y la discapacidad, mientras concede enormes beneficios a las grandes corporaciones del agro para una medida transitoria, sin ninguna conveniencia social, y con efectos inflacionarios.
La salida a la catástrofe económica a la que nos arrastran Milei y Caputo, el FMI y el gobierno norteamericano, en favor del gran capital, es enfrentar los planes de ajuste ahora y cortar las vías de fuga de dólares, mediante la nacionalización del sistema bancario y del comercio exterior, en manos de los trabajadores. Pelear al mismo tiempo por una suba de los salarios y jubilaciones para que el ajuste no recaiga sobre las mayorías trabajadoras. Y exigir la ruptura de relaciones con el FMI y el desconocimiento soberano de la deuda odiosa (fraudulenta e ilegítima), mediante la más amplia movilización popular.
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