El obispo de Goya, monseñor Adolfo Ramón Canecín, difundió una carta de la Comisión Episcopal de Pastoral Social dirigida a la vicepresidente Victoria Villarruel y a los senadores nacionales en la que solicita el tratamiento urgente del proyecto de ley que regula los juegos de azar y las apuestas en línea, que perdería estado parlamentario en noviembre.
El obispo de la Diócesis de Goya, monseñor Adolfo Ramón Canecín, dio a conocer y pidió difundir la carta de la Comisión Episcopal de Pastoral Social del Episcopado Argentino dirigida a la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, y a los senadores nacionales. En la misiva, los obispos solicitan retomar «urgentemente» el tratamiento del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea.
Según indica el texto, el proyecto «se encuentra ante el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre». Los firmantes expresan: «Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar».
La carta recuerda que «hace más de dos años que venimos alzando nuestra voz junto a las Pastorales Sociales de todo el país». En julio de 2024, los obispos habían advertido sobre la problemática con la consigna «Apostar no es un juego», señalando que afecta especialmente a niños, adolescentes y jóvenes. En noviembre de ese año solicitaron a la Cámara de Diputados el tratamiento urgente del proyecto, y en febrero de 2025 reiteraron el pedido ante el Senado, señalando que el fenómeno instala una «cultura de la timba y del azar» y afecta la libertad de quienes quedan atrapados por la adicción. En octubre de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina afirmó que «la ludopatía es un atentado contra la vida» y advirtió que, sin regulaciones y controles adecuados, cada teléfono celular puede convertirse en un «casino».
En el documento, los obispos sostienen que «hoy, después de todo este camino, ya no estamos ante la necesidad de reconocer el problema. Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros clubes y nuestras comunidades». Asimismo, mencionan que «distintos estudios e investigaciones aportan evidencia concreta sobre la magnitud de este fenómeno y sobre los riesgos que implica para la salud mental y el desarrollo integral de las personas, con un impacto particularmente grave en los menores y en quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad».
Los pastores plantean que «estamos ante una decisión. Una decisión sobre si el Estado asumirá su responsabilidad de proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad; si vamos a permitir que los intereses económicos que se benefician de este negocio sigan avanzando mientras miles de personas quedan atrapadas en sus consecuencias». En ese marco, citan al Papa León XIV: «debemos evitar ‘la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles'».
Advierten que «‘no hacer nada’ también es una decisión. Y, en este caso, sería una decisión profundamente lamentable: significaría privilegiar los intereses de una pequeña minoría por encima del cuidado del conjunto de la sociedad que ya enfrenta numerosas situaciones de sufrimiento, desigualdad y desprotección».
Finalmente, los obispos manifiestan a los legisladores: «Quienes tenemos la responsabilidad de velar por el bien común y proteger a la población no podemos desentendernos de las consecuencias de una realidad que ya está provocando daños profundos, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes. La falta de una respuesta adecuada hoy puede traducirse mañana en daños mucho más difíciles de reparar en el tejido social». Y agregan que «los costos de los daños que produce la ludopatía -humanos, familiares, sociales y sanitarios- no serán asumidos por quienes hoy se benefician de este negocio, sino que recaerán, una vez más, sobre las personas, las familias y la sociedad en general».