La fuerza provincial emitió un comunicado detallando las implicancias penales y civiles de estas acciones, que alteran el normal desarrollo de las clases, e hizo hincapié en la responsabilidad de los padres.
La Policía de Corrientes, con el respaldo del Ministerio de Seguridad, emitió un comunicado dirigido a la comunidad educativa ante la seguidilla de amenazas en establecimientos escolares. El objetivo es frenar situaciones que alteran el normal desarrollo de las clases y generar conciencia sobre las implicancias legales de este tipo de conductas.
En el documento, se señaló que prácticas que algunos adolescentes consideran un «reto» digital constituyen delitos con consecuencias penales y civiles. Se recordó lo establecido en el Artículo 149 bis del Código Penal Argentino, que prevé penas de prisión de seis meses a tres años para quienes realicen amenazas para alarmar o amedrentar a personas, agravándose si son anónimas o se emplean armas.
Asimismo, se advirtió que todo mensaje difundido a través de redes sociales será investigado por brigadas de inteligencia digital y puesto a disposición de la Justicia, en el marco del Artículo 211 del Código Penal, referido a delitos contra el orden público.
En el comunicado oficial también se hizo hincapié en la responsabilidad de los adultos. La Policía recordó que, según el Artículo 1.754 del Código Civil y Comercial, los padres o tutores son civilmente responsables por los daños que ocasionen los menores a su cargo. Esto incluye la posibilidad de afrontar demandas económicas por los costos operativos de seguridad y el daño moral generado en las instituciones afectadas.
La advertencia se da en el contexto de una serie de episodios recientes en escuelas de la Capital y del Interior provincial. Entre ellos, se registraron inscripciones en el Instituto Monseñor Ramón Roubineau y el colegio Nacional que alertaban sobre una posible «masacre» o tiroteo con fecha prevista para el 20 de abril. Días antes, se habían reportado amenazas similares en una escuela técnica de Santo Tomé.
En paralelo, la Justicia dispuso un protocolo de seguridad que incluye presencia policial y controles en los accesos a las escuelas. En algunos casos, se implementaron revisiones de mochilas antes del ingreso al aula.
Desde la Jefatura de Policía indicaron que la situación se encuentra «bajo control», aunque los operativos de vigilancia continuarán en los próximos días.