La justicia declar la nulidad del Protocolo Antipiquetes
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Martes, 30 de diciembre de 2025 |
El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N 11, Martn Cormick, declar este lunes la nulidad del denominado protocolo antipiquetes, implementado hace dos aos por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La decisin judicial se adopt al hacer lugar a una accin de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestion la legalidad del marco de actuacin establecido mediante la resolucin 943/2023, al considerar que vulnera el derecho constitucional a la protesta social.
En su fallo, Cormick sostuvo que la administracin pblica no cuenta con facultades para dictar normas que lesionen derechos constitucionales bsicos y fundamentales, como la libertad de reunin, el derecho de peticin a las autoridades y la libertad de expresin. En ese sentido, coincidi con los argumentos del organismo de derechos humanos al advertir que el protocolo exceda las atribuciones del Poder Ejecutivo.
El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a intervenir de manera inmediata ante cortes de calles o vas de circulacin, bajo la premisa de que se trataba de delitos cometidos en flagrancia, lo que permita el uso de la fuerza sin orden judicial previa.
Al fundamentar su decisin, el magistrado remarc que la protesta social no puede ser equiparada a un delito penal que justifique un accionar represivo automtico por parte de la polica, sin la debida autorizacin de un juez. De este modo, la sentencia vuelve a ubicar en la rbita judicial, y no en la de funcionarios del Poder Ejecutivo o jefes policiales, la decisin de ordenar o no la intervencin de la fuerza pblica para disuadir, repeler o dispersar una manifestacin en la va pblica.
Cormick tambin cuestion las tareas de inteligencia que el protocolo permita realizar para identificar a los manifestantes mediante registros flmicos y fotogrficos. Segn seal, estas prcticas, muchas veces llevadas adelante por agentes encubiertos vestidos de civil, vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, que prohbe expresamente al Estado recolectar y almacenar informacin sobre los ciudadanos por motivos ideolgicos, poltico partidarios o por su pertenencia a organizaciones.
Asimismo, el juez advirti que el protocolo no estableca distinciones al momento de ejercer la accin represiva, sin contemplar la presencia de grupos vulnerables como nios, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, quienes requieren una proteccin especial por parte del Estado.
Por todo ello, el magistrado exhort al Ministerio de Seguridad a abstenerse de implementar el protocolo antipiquetes y a adecuar su actuacin a las normas vigentes del Cdigo Procesal Penal. No obstante, el Gobierno nacional cuenta con la posibilidad de apelar la resolucin ante instancias superiores de la Justicia.
Cabe recordar que la semana pasada el mismo juez haba dictado otro fallo en el que conmin al Gobierno a cumplir con lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario.