Sancionada la reforma laboral el viernes pasado, la CGT volvió a aparecer. Durante la mañana del lunes 2 de marzo, la Confederación General del Trabajo se movilizó hacia la Plaza Lavalle para formalizar ante el Palacio de Tribunales su estrategia de judicialización contra la reforma laboral.
El acto, que además de reducirse a la lectura de un documento duró menos de una hora, buscó presentar los fundamentos para impugnar la ley por considerar que vulnera principios constitucionales básicos en materia de derechos laborales. Sin embargo, toda esta puesta en escena se produce alrededor de un historial de pasividad absoluta, el cual deslegitima aún más a esta dirección burócrata. Por un lado, esto hace que las acciones no tengan un impacto real para cambiar la situación y, por el otro, deja en claro que se sienten cómodos en los despachos de la Justicia y no bajando a las calles con los trabajadores.
Ese repliegue hacia los tribunales es el que define una convocatoria testimonial que busca ocultar la inacción obscena de la central obrera durante el trámite legislativo. Es totalmente contradictorio que la CGT recurra ahora a la justicia cuando el viernes pasado, día en que se sancionó el ataque histórico contra los trabajadores en el Senado, decidió no convocar a un paro nacional ni movilizar sus estructuras para presionar en el recinto. Esta actitud de regalarle tranquilidad al gobierno libertario para que sancione el paquete de leyes antiobreras se ha vuelto una constante, como ya ocurrió durante el debate en la Cámara de Diputados, donde solo atinaron a un paro aislado y “dominguero” que no estuvo integrado en un plan de lucha serio ni con capacidad de frenar la ofensiva oficialista, a pesar de la importante adhesión que tuvo por parte de los trabajadores.
La vía judicial sin presión popular es una trampa
La actividad frente a Tribunales estuvo lejos de ser un desborde; solo se limitó a la presencia del núcleo duro de algunos sindicatos como Camioneros, Bancarios, SMATA, UOCRA, Luz y Fuerza, SATSAID, Panaderos y los Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, además de las organizaciones que componen la Comisión Directiva de la CGT. Al no existir una convocatoria a paro general que permitiera la participación real de las bases, la acción quedó vaciada de contenido y se transformó en un trámite administrativo custodiado por la burocracia.
Depositar toda la confianza en un Poder Judicial que se encuentra viciado por los intereses del gobierno de turno es una estrategia estéril si no existe una movilización permanente que condicione a los jueces. Sin la fuerza de la calle, la denuncia de inconstitucionalidad corre el riesgo de estancarse en los cajones de un sistema que históricamente ha fallado a favor de los grupos económicos concentrados.
El documento leído por los dirigentes solo se limitó a describir las penurias económicas que sufre el país, evitando cualquier tipo de autocrítica sobre el rol de la dirección sindical en este proceso. Casi sin ningún tipo de vergüenza, la conducción cegetista intentó lavarse las manos respecto a la realidad actual y, también, a la derrota electoral de 2023, alegando que ellos no gobiernan ni definieron las estrategias del peronismo. Este pase de factura ocurre en medio de una profunda crisis interna del PJ, donde la central obrera busca desligarse de responsabilidades mientras permite sueldos de miseria y la inexistencia de paritarias reales. La burocracia hoy se presenta como un actor pasivo frente a una crisis que ella misma ayudó a consolidar mediante negociaciones parciales de varios puntos de la reforma que ahora dicen combatir.
Preparar la lucha en cada lugar de trabajo
Es evidente que las presentaciones judiciales y los paros aislados no han logrado frenar la avanzada de Javier Milei porque carecen de una lógica donde la lucha se extienda en el tiempo. Mientras los dirigentes se limitan a enumerar estadísticas de desempleo y pobreza, las bases quedan a la deriva de un plan de ajuste que no se detiene.
La estrategia de dejar pasar la ley en el Congreso para luego “judicializarla” es funcional a los tiempos del gobierno y no ofrece una salida real para quienes enfrentan hoy mismo la amenaza de despidos y la precarización. La supuesta defensa de la justicia social no puede ser solo una consigna para cerrar actos rápidos, sino que debe traducirse en una organización democrática desde abajo, que rompa con la tregua pactada entre las direcciones burocráticas, el gobierno y las patronales.
La sanción de la reforma laboral en el Congreso no marca el fin de la pelea, sino el comienzo de una nueva etapa de resistencia que debe construirse en cada fábrica, escuela y hospital. Es en los puestos de trabajo donde hay que organizarse para impedir la aplicación efectiva de este atropello esclavista, sobrepasando a las direcciones que solo ofrecen gestos simbólicos frente a Tribunales.
La única garantía para derrotar la ofensiva libertaria es la movilización, es el paro general activo contenido dentro de un plan de lucha real. Lo que queda a la vista es la urgencia de construir una nueva central de trabajadores, democrática y de combate, para superar definitivamente la parálisis de la burocracia. Tiene que ser la fuerza organizada de los trabajadores la que dé vuelta este momento, es la única forma para recuperar los derechos que la burocracia y los legisladores vendidos se encargaron de entregar.