El presidente Javier Milei presentó este jueves una iniciativa que establece un mecanismo automático de cierre parcial de la administración pública ante desequilibrios fiscales sostenidos, con suspensión de sueldos de altos funcionarios.
El presidente Javier Milei presentó este jueves, en un mensaje transmitido por cadena nacional desde la Casa Rosada, un proyecto de ley denominado “grillete fiscal”, que busca garantizar por ley el equilibrio de las cuentas públicas y evitar que el Estado nacional sostenga un presupuesto deficitario.
La iniciativa, que deberá ser tratada en el Congreso, establece que ante un desequilibrio fiscal sostenido en el tiempo se activará de manera automática un mecanismo de cierre parcial de la administración pública, con la suspensión de los sueldos de los principales funcionarios del Estado como medida central.
Regla fiscal permanente
Milei enmarcó la propuesta dentro de un paquete de reformas económicas que incluye cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, una apertura del mercado de capitales y una desregulación del mercado de seguros. Sobre el “grillete fiscal”, afirmó: “Se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no pueda votar ni sostener un presupuesto deficitario”.
El Presidente justificó la necesidad de una ley apelando a la experiencia de su gestión frente al Congreso: “La historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público”, sostuvo, y recordó tensiones del año pasado en torno a proyectos que, a su entender, buscaban precipitar la quiebra del Estado.
Mecanismo de activación
Según explicó el Presidente, si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo lograse, entrará en vigencia automática el mecanismo. En ese escenario se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias.
Quedarán exceptuados de estas restricciones los servicios considerados esenciales, entre ellos el pago de jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, el sistema de salud, las fuerzas de seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario.
Suspensión de sueldos
El proyecto establece que, durante la vigencia del mecanismo, “el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo”. Milei señaló: “Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo; no lo pagará la gente”. También adelantó que buscará extender el esquema a las provincias una vez aprobada la ley a nivel nacional.
Antecedente en Estados Unidos
El “grillete fiscal” se inspira en el mecanismo de shutdown de Estados Unidos, que registró 20 cierres desde 1977. Los dos más extensos ocurrieron durante las presidencias de Donald Trump: 35 días en 2018 y 44 días en el cierre más reciente, en 2025. En esos episodios, la prolongación de los cierres afectó servicios como el dictado de clases o la recolección de residuos.
Reacciones
El anuncio generó repercusiones. El diputado de Fuerza Patria Itai Hagman cuestionó el diagnóstico económico del Gobierno nacional y advirtió sobre los efectos de un mecanismo de cierre de funciones estatales no esenciales ante situaciones de déficit. La exdiputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman interpretó el anuncio como parte de una estrategia orientada a blindar a la gestión libertaria. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “si el Estado sigue funcionando hoy es por el esfuerzo de sus trabajadores”.
Próximos pasos
El proyecto del “grillete fiscal” ingresará al Congreso junto con las otras reformas anunciadas por Milei y deberá recorrer el camino legislativo habitual antes de convertirse en ley. Analistas económicos como Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos, interpretaron el anuncio como una señal de fortalecimiento del compromiso fiscal, aunque advirtieron que quedan interrogantes sobre su implementación práctica.