Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone crear un gabinete interministerial para coordinar acciones entre Educación, Seguridad y Salud, con el fin de prevenir el acoso y los delitos en entornos educativos.
Se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley con el objetivo de dar respuestas a la creciente complejidad de los conflictos en el ámbito educativo. Concretamente, propusieron la creación del Gabinete Interministerial de Seguridad y Convivencia Escolar (Gisce), un organismo diseñado para coordinar políticas públicas que superen la capacidad de acción individual de los ministerios. El objetivo central radica en la protección de los niños y adolescentes frente al acoso escolar, la violencia externa y el consumo problemático de sustancias.
En los fundamentos del proyecto se resaltó que la realidad actual de las escuelas exige una articulación orgánica y rápida entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud Pública. Al fundamentar la propuesta, los autores (César Lezcano, del Frente Renovador, y otros) señalaron que «es imperativo establecer un marco legal que coordine de manera orgánica y rápida a los ministerios involucrados, con el objetivo de la no policitación de la escuela, sino la creación de entornos seguros a través de la prevención integral».
La iniciativa se apoya en el principio de unidad de acción del Estado, al entender que, si un problema posee múltiples causas, la solución debe ser necesariamente multiagencial. En este sentido, los diputados expresaron que «la seguridad pública y el derecho a la integridad física y mental no terminan en la puerta de la escuela», por lo cual se vuelve indispensable una administración pública que actúe de manera eficiente y eficaz.
Para la elaboración de esta norma, se tomaron como referencia distintas experiencias exitosas en otras provincias argentinas que ya han avanzado en legislaciones similares. Entre los antecedentes directos se mencionó a La Pampa, cuya ley provincial de prevención de violencia escolar ordena explícitamente articular acciones con diversos actores sociales. Asimismo, se analizaron los protocolos vigentes en Buenos Aires, donde el mecanismo de respuesta inmediata incluye no sólo a las fuerzas de seguridad, sino también a las áreas de Desarrollo Social y Justicia. Por su parte, la provincia del Chaco fue citada por su enfoque en la creación de Consejos Escolares y la participación comunitaria, mientras que Salta ha profundizado recientemente en el control de antecedentes del personal y la vigilancia perimetral.
El Gisce estaría integrado por los titulares de Educación, Seguridad, Salud Pública y los organismos de Niñez y Adolescencia. La coordinación del organismo será rotativa, con carácter anual entre los ministerios integrantes, o quedará a cargo de quien designe el Ejecutivo. Entre sus funciones figura el diseño del programa Corredores Seguros, destinado a garantizar el trayecto de alumnos y docentes, y la unificación de los protocolos de actuación ante situaciones de violencia o presencia de armas en las inmediaciones de los predios educativos.
Otro de los pilares será la creación de un Observatorio de Convivencia. Al respecto, se indicó que este espacio permitirá «crear una base de datos unificada sobre incidentes de inseguridad y violencia escolar en la provincia para orientar la toma de decisiones». Además, el gabinete deberá capacitar tanto a las fuerzas de seguridad, sobre los Derechos del Niño; como a los docentes, sobre mediación de conflictos y seguridad preventiva.
Otro de los capítulos que se destacan del proyecto es el dedicado a la ciberseguridad y la prevención digital. La propuesta contempla la creación, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, de una Unidad de Ciberdelitos vinculada directamente al entorno escolar. De aprobarse la norma, esta dependencia tendrá a su cargo el monitoreo de amenazas digitales y la investigación de comunicaciones intimidatorias que afecten a los miembros de la comunidad educativa. Sobre este punto, se resaltó la necesidad de asistir técnicamente a las escuelas y articular acciones con las fiscalías correspondientes. Los diputados sostuvieron que «la educación no puede ejercerse plenamente si el entorno es hostil o inseguro», y que la falta de seguridad en el ámbito digital actúa hoy como una barrera de acceso de facto.